El expresidente Alberto Fernández acudió este miércoles a los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la Causa de los Seguros. Durante la indagatoria, Fernández se limitó a responder preguntas de su abogada defensora, Mariana Barbitta, presentó un escrito, y se negó a responder preguntas del fiscal Carlos Rívolo y del juez federal Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.
El exmandatario llegó a Comodoro Py minutos después de que ingresarán a la Secretaría del Juzgado Federal 11 donde se cumplió el trámite, el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo. Ingresó a la sede judicial en medio de un estricto operativo de seguridad que incluyó policías federales distribuidos a lo largo del cuarto piso.
Sobre el decreto 823, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros, la abogada sostuvo que “es jurídicamente impecable y legítimo. No hay ninguna discusión, el decreto era para cortar la cartelización, no habilitaba ningún tipo de intermediación”, señaló.
Causa de seguros: desvíos de fondos del Estado a intermediarios
La acusación sostiene que Fernández, aprovechando su posición, habría retenido la potestad de decisión en controversias entre miembros de un grupo relacionado con contratos de seguros del Estado, favoreciendo a brokers cercanos a él. Uno de estos brokers, Héctor Martínez Sosa, está imputado, y es el esposo de María Cantero, quien también está citada a declarar.
Las declaraciones de Cantero y Martínez Sosa se llevarán a cabo este jueves, y se anticipa que podrían aportar información relevante sobre la causa. Entre las evidencias se encuentran fotografías del teléfono de Cantero, que incluyen imágenes que dieron inicio a la causa de violencia de género y otras que implican a Fernández en la gestión de seguros.
La causa tiene origen en una investigación realizada por Osvaldo Giordano durante su breve paso por ANSES, donde se detectó un seguro injustificado. Esta situación desencadenó una serie de investigaciones que revelaron una organización dedicada a desviar fondos del Estado a través de intermediaciones en seguros.
Cómo continúa el juicio contra Alberto Fernández
La cuestión de la nulidad que plantea se basa en la supuesta arbitrariedad, un argumento que debe ser sólido y evidente para que prospere. Sin embargo, el juez Ercolini rechaza esta solicitud de forma in limine, es decir, sin entrar a fondo en el asunto. Esto se debe a que Fernández tuvo tres semanas para presentar su defensa y lo hace un día antes de la indagatoria, lo cual no es habitual y se interpreta como una maniobra dilatoria.
El juez considera que el pedido de nulidad busca retrasar el proceso. Tras el rechazo, la defensa presente un escrito. Mañana declaran otros imputados, entre ellos María Cantero, quien mantiene una relación tensa con Fernández. Esta situación se agrava por la implicación del expresidente en el caso, donde se le acusa de favorecer a un amigo en un decreto.
La cercanía entre Fernández y su amigo, significa un cuadro complicado. La acusación se centra en que el expresidente firmó un decreto que beneficia a este intermediario, quien tiene acceso privilegiado a la Quinta de Olivos y a su círculo más cercano.
El contexto se complica aún más con la declaración de otros implicados, incluida la exsecretaria de Fernández, quien también se encuentra en conflicto con él. El juez tiene un plazo de diez días para decidir la situación procesal del expresidente, lo que genera incertidumbre sobre su futuro. El 12 de este mes se cumple ese plazo, y el 13 podría ser un día decisivo y problemático para Fernández.
La defensa puede argumentar lo que desee, pero la evidencia y el contexto parecen jugar en su contra.
