Condenaron a exministra de Chubut. La exministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut Cecilia Torres Otarola fue condenada a tres años de prisión en suspenso y castigada con una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber sido encontrada culpable de contratar empleados fantasmas.
En el marco de la causa conocida como “Ñoquis calientes”, Torres Otarola fue encontrada culpable de cuatro hechos de fraude a la administración pública y de pedir retornos a los sueldos de asesores fantasma.
Los jueces Marcela Pérez Bogado, José Luis Ennis y Carlos Richeri dictaron la pena de tres años de prisión en suspenso por considerar a la exfuncionaria responsable de los delitos de defraudación a la administración pública y exacciones ilegales (concusión).
El fiscal de la causa, Omar Rodríguez, había pedido hace dos semanas una condena de tres años y seis meses de prisión. La pena finalmente fue menor para la exfuncionaria, que continuará en libertad.
La exministra también fue condenada porque a tres de sus asesores legislativos —cuando era diputada provincial— les exigía que depositaran la mitad de sus respectivos sueldos, con el fin de obtener un rédito personal.
Torres Otarola, quien fue separada de su cargo en junio de 2020, deberá abonar las costas del proceso judicial y apegarse a distintas reglas de conducta, según dispuso el Tribunal de Justicia.
El fiscal había solicitado a los jueces que los cuatro funcionarios fantasma, identificados como Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solaria Rodera y Miguel Retro Trelles, cumplan una condena de 2 años en prisión en suspenso.
La pena pedida por la fiscalía fue ratificada por la Justicia, que los encontró a todos culpables de montar una red de empleados públicos que no cumplían funciones y cobraban un sueldo igual.
Además, los tres jueces le agregaron a los cuatro funcionarios la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la administración pública como partícipes necesarios.
En la misma causa, previamente los jueces habían absuelto a Branco Rodera Niera y a Jaquelina Rodera, al no haber pruebas contundentes que demostraran que no cumplieron con las tareas por los contratos gestionados por Torres Otarola.
La investigación surgió a raíz de una denuncia que realizó el contador Martín Sandoval, quien aseguró que la extitular del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia le había pedido parte del sueldo tanto a él como a Erica Paludi y Alexis Gangas, dos asesores que habían sido designados por ella.
Tras varios meses de investigación en el caso, el Ministerio Público Fiscal de Chubut consideró que las pruebas presentadas habían sido suficientes para acreditar las exacciones ilegales que pesaron en contra de Torres Otarola.
Rodríguez remarcó que la exfuncionaria no solo habría provocado un daño material, sino que había generado un “daño inmaterial, a la moral, a la imagen y confianza hacia las instituciones”. Por este motivo, solicitó que sea inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
La abogada de los Rodera, Florencia Barba, dijo que sus defendidos no habían cobrado ni el 0,0001% del presupuesto que se había asignado en 2020.
