Carne con hueso a la Patagonia. Aunque suspendieron momentáneamente la resolución, el Gobierno nacional insiste con eliminar la histórica barrera sanitaria. Advierten un posible impacto negativo para la producción ganadera patagónica.
El Gobierno Nacional confirmó su intención de avanzar con la flexibilización del ingreso de carne con hueso a la Patagonia, una medida que había sido suspendida tras fuertes cuestionamientos de los gobiernos provinciales y de entidades agropecuarias del sur argentino. Aunque fue convocada una mesa de diálogo para escuchar posturas, la administración central mantiene firme su decisión de eliminar la histórica barrera sanitaria, considerada un factor fundamental para la protección del estatus zoosanitario patagónico, según publicó LU12.
La Resolución 180/25, que habilita el ingreso de carne con hueso desde el norte del país, fue inicialmente suspendida ante la presión política regional. Sin embargo, el referente de La Libertad Avanza en Río Negro y Neuquén, Damián Torres, confirmó que el Ejecutivo retomará el plan con controles y protocolos sanitarios específicos. “Se tomó la decisión de avanzar con la resolución que flexibiliza la barrera sanitaria”, sostuvo en diálogo con Radio del Mar, y aseguró que “la reunión no será para ratificar posturas, sino para escuchar”.
El anuncio generó preocupación en sectores ganaderos de la Patagonia, que ven en esta flexibilización una amenaza al esfuerzo de décadas por mantener una región libre de aftosa sin vacunación, condición sanitaria diferencial que les permite exportar carne a mercados exigentes y vender a precios más competitivos en el país.
Desde las cámaras productoras y los gobiernos provinciales, el rechazo es unánime. Consideran que la apertura podría derivar en pérdida de empleos, caída de inversiones y retroceso sanitario, con efectos nocivos para la soberanía alimentaria regional. También advirtieron que, lejos de mejorar precios al consumidor, la medida favorecería a grandes frigoríficos del centro del país en desmedro de la producción local.
El Gobierno, por su parte, defiende la iniciativa con argumentos económicos. Según Torres, “hay que traer una mayor competencia comercial para que bajen los precios”, en línea con la política de apertura de mercados y desregulación que impulsa el presidente Javier Milei. No obstante, aún no se detallaron garantías específicas sobre los controles a implementar ni los mecanismos de compensación para las economías regionales afectadas.
La mesa de diálogo que se celebrará en los próximos días será un pilar para evaluar los alcances de la medida y la posible construcción de consensos. Mientras tanto, los sectores patagónicos mantienen el estado de alerta, exigen la derogación definitiva de la resolución y convocan a manifestaciones conjuntas para visibilizar el conflicto.
