La Justicia investiga al menos 38 muertes relacionadas con la administración de fentanilo contaminado en centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Además, otras 37 personas se vieron afectadas: 22 de ellas presentan infecciones bacterianas y 15 permanecen bajo observación médica. Así lo reseñó Canal 12.
Sin embargo, se estima que la cifra real de víctimas podría ser mayor. En la localidad bonaerense de Balcarce se analiza un fallecimiento sospechoso, mientras que en Santa Fe, la ministra de Salud mantiene bajo evaluación varios decesos recientes.
Fentanilo contaminado: por qué aumentan los fallecimientos y es complejo establecer responsabilidades
La causa judicial, que ya suma cuatro semanas de investigaciones, revela una cadena de advertencias previas ignoradas, responsabilidades difusas con posibles conexiones políticas y un sistema de control que falló en su aspecto más crítico: garantizar la seguridad de un opioide 50 veces más potente que la heroína, que debía llegar en condiciones estériles a los pacientes.
Si bien el brote se manifestó en mayo, las alertas venían acumulándose desde mucho antes. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) había emitido múltiples advertencias a los laboratorios ahora bajo la lupa: HLB Pharma Group y Ramallo, señalados como responsables de la distribución de fentanilo contaminado con tres tipos diferentes de bacterias, según reveló el análisis del Instituto Malbrán en el marco de la causa radicada en el Juzgado Federal N.º 3.
Las irregularidades detectadas por la Anmat se enfocaban en dos aspectos: graves deficiencias en la trazabilidad —es decir, la capacidad de seguir el recorrido del medicamento desde su producción hasta su aplicación— y violaciones a las buenas prácticas de fabricación. Sin embargo, ninguna de estas observaciones derivó en sanciones, clausuras ni retiros masivos de productos. Ahora se investiga si esa falta de medidas tuvo consecuencias fatales.
De acuerdo con una reconstrucción publicada por Clarín, el avance judicial enfrenta un obstáculo básico: determinar con precisión cuántas personas murieron, en qué hospitales se distribuyeron los lotes contaminados y dónde se encuentran las unidades de fentanilo aún no utilizadas.
La recuperación de los lotes defectuosos es una tarea difícil que, hasta el momento, no se está llevando a cabo de manera efectiva. En un hecho paradójico, la Anmat denunció a HLB Pharma por obstaculizar la trazabilidad, al no brindar información clave para desarticular la cadena de distribución y facilitar la localización del fentanilo restante. Según el organismo, esta falta de cooperación impide cumplir con los requerimientos judiciales.
Desde el ámbito empresarial, HLB Pharma Group está vinculado al empresario Ariel García Furfaro, recientemente desligado del sindicalista kirchnerista Víctor Santa María. Furfaro afirma haber vendido la compañía y denuncia ser víctima de un “sabotaje interno”. Por su parte, Jorge Salinas, actual titular de Ramallo, también genera preocupación: fue propietario de Laboratorios Apolo, involucrado en un grave incidente industrial en Rosario hace más de diez años.