El oficialismo entendió que la motosierra, esta vez, se le podía volver en contra. En una negociación contrarreloj que se cocina en los pasillos del Senado, La Libertad Avanza aceptó excluir la reforma de la ley de Barrios Populares del ambicioso proyecto sobre propiedad privada que busca tratar este mes.
La decisión, confirmada por fuentes parlamentarias, evitó un choque frontal con los bloques aliados que advertían sobre un escenario explosivo: centenares de desalojos que podían desatar un conflicto social de proporciones.
Que accedió a los detalles finos de una negociación donde Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, oficia de equilibrista mayor para construir la mayoría que el oficialismo necesita como agua en el desierto.
La ley de Macri que el Gobierno quería dinamitar y no pudo
La norma que el Ejecutivo pretendía reformar de raíz es la ley 27.453, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, que permitió implementar un régimen especial para regularizar el dominio de propiedad en los asentamientos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Esa legislación suspendió los desalojos por una década y fijó condiciones para que las familias pudieran acceder y usar los inmuebles que habitan hace años.
El Gobierno de Milei pretendía trasladar esa responsabilidad a municipios y provincias y, fundamentalmente, derogar la suspensión de desalojos, un punto que los bloques aliados consideraron una bomba de tiempo. También buscaba eliminar el artículo que destina un 25% de las obras a organizaciones sociales de los propios barrios y los mecanismos de expropiación. El argumento oficial era lapidario: tras siete años de vigencia, apenas el 0,08% del suelo de los barrios populares tiene título de propiedad privada. Pero el costo político de avanzar sin red era demasiado alto, y LLA eligió retroceder para no quedarse sin ley.
«Estas reformas se discutan en otra ley aparte», filtraron fuentes del oficialismo, en un intento por dejar abierta la puerta a futuras modificaciones sin poner en riesgo el paquete principal.
Desalojos exprés, tierras extranjeras y la pulseada que persiste
Si bien el capítulo de Barrios Populares quedó en el freezer, el proyecto mantiene otros puntos que prometen debate caliente. El más urticante es la instrumentación de un sistema de desalojos exprés: el plazo de intimación por falta de pago se reduce de 10 a 3 días, y el desalojo podría concretarse en apenas 5 días con la sola presentación del título de propiedad, sin necesidad de caución real. De todos modos, el texto obliga al propietario a intimar fehacientemente al inquilino antes de demandar en casos de inmuebles habitacionales.
El otro nudo de la negociación es la compra de tierras por parte de extranjeros. El oficialismo insiste en eliminar todas las restricciones de la ley 26.737, votada en 2011 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que limitaba la adquisición a 1.000 hectáreas. Los bloques dialoguistas rechazan la liberalización total pero aceptan flexibilizar los montos para permitir más superficie sin eliminar todos los controles. Lo que sí se mantiene firme es la prohibición para estados extranjeros, que no podrán adquirir tierras bajo ninguna modalidad.
Manejo del Fuego: el otro zarpazo a una ley kirchnerista
El proyecto también mete tijera en la ley de Manejo del Fuego, impulsada en 2020 por Máximo Kirchner. El texto elimina los artículos que impedían vender, en caso de incendio, humedales, bosques nativos y áreas protegidas por 60 años, y que prohibían cambiar el destino de zonas agrícolas incendiadas por 30 años.
Para el Gobierno, estas limitaciones son «irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad», ya que «en los hechos se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida». La oposición, en cambio, denuncia un intento de liberar tierras para negocios inmobiliarios bajo el paraguas de los incendios forestales.
La carrera contra el reloj para llegar al 14 de mayo
Con 21 votos propios, LLA necesita tejer alianzas con la UCR, el PRO, Provincias Unidas, el Frente de la Concordia de Misiones y los monobloques de Chubut, Salta, Tucumán y Neuquén para alcanzar los 37 votos que le garanticen la mayoría. El plan de Bullrich es cerrar un acuerdo en los primeros días de esta semana, firmar despacho de comisión entre miércoles y jueves, y llevar el proyecto al recinto en una sesión que podría concretarse el 14 de mayo.
La poda del capítulo más conflictivo fue la llave que destrabó la negociación. Ahora, el oficialismo confía en que el resto del paquete pase sin sobresaltos y le permita anotarse una victoria legislativa que, por estas horas, vale oro en el tablero político.