Uno de sus inquilinos es Claudio Kirchner, sobrino de Néstor, que le pagó más de cinco millones por una vivienda en Río Gallegos. Por qué los investigadores creen que no se debieron haber rentado.
Alquileres Lázaro Báez 172 millones. Entre 2020 y 2025, Lázaro Báez facturó $172 millones al alquilar inmuebles que en buena medida estaban cautelados por la Justicia. La información puso en alerta al fiscal Diego Luciani que en el marco de la causa Vialidad busca recuperar para el Estado unos $684.000 millones es decir, un equivalente al daño que se le generó al Estado al asignar fondos para obras que no se terminaron. Según informa: TN
Pero a la eventual subasta de bienes, se le podría sumar la incautación de toda la ganancia que Báez obtuvo al alquiler estas propiedades durante lo últimos cinco años. Se trata de un mecanismo no sencillo porque parte de ese dinero podría estar en manos de Noemí Insaurralde, pareja de Báez, que tiene un poder para administrar sus bienes.
Uno de los contratos más llamativos es el del sobrino de Néstor Kirchner, Claudio Ángel Kirchner, actual director de Recursos Físicos y Logística en el Gobierno de Santa Cruz y exempleado de Gotti Hermanos, una de las constructoras involucradas en el entramado de corrupción.
Según pudo saber TN, entre 2020 y 2025, Claudio Kirchner le pagó $5.506.000 a Báez por el alquiler de una vivienda en Río Gallegos. Solo en 2025, abonó $2.430.000.
Lázaro Báez recaudó más de $172 millones con sus alquileres y la Justicia analiza si puede recuperar el dinero
Báez había declarado que en 2024 facturaba unos $800.000 por mes. Pero el listado del fiscal Luciani muestra que mintió: en realidad, durante ese año y los anteriores, sus ingresos por alquileres embargados superaron ampliamente esa cifra.
Entre los inquilinos de sus propiedades aparece también la concesionaria Automotores Yepun SA, que en 2025 le pagó $3.388.000, a pesar de que el inmueble está embargado. Otro nombre en el registro es Mao Lian Juan, quien abonó $4.556.080 ese mismo año.
Estos datos alimentan la estrategia del Tribunal Oral Federal N.º 2, que dio un plazo de diez días hábiles para que Cristina Kirchner, Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad devuelvan los $684.990 millones que, según peritos de la Corte, se desviaron a través del direccionamiento de obra pública. La facturación oculta de Báez suma argumentos para ejecutar sus bienes, ampliando el alcance del embargo.
El empresario patagónico fue condenado por las causas Vialidad y la Ruta del Dinero K, que ahora fueron unificadas en una pena de 15 años de prisión. Para los jueces del Tribunal Oral Federal 4, el daño al orden económico y financiero fue “de magnitud”, al igual que el “rol superlativo” de Báez en la concreción del plan delictivo que, según el fallo, incluyó el uso de sociedades pantalla y estructuras offshore para canalizar fondos de origen ilícito.
En paralelo, la fiscalía detectó movimientos recientes vinculados a Claudia Insaurralde, pareja del empresario. Desde 2020, ella tiene poder para actuar en su nombre en cuestiones comerciales y administrativas. La sospecha es que pudo haber operado como testaferro o traspasado bienes a terceros para evitar embargos.
Las maniobras de Báez, aún bajo el radar judicial, exponen una zona gris que el Ministerio Público Fiscal intenta cerrar: evitar que condenados por corrupción sigan usufructuando bienes mal habidos.
La Justicia ya ordenó al Banco Nación abrir una cuenta para que los fondos recuperados sean depositados y dictó embargos preventivos ampliados para asegurar el pago. Ahora, también podría apuntar a los $172 millones que Báez facturó sin interrupción, incluso tras su detención.
