El Gobierno nacional dio luz verde a la venta de cuatro represas emblemáticas del sistema hidroeléctrico argentino. La medida fue publicada este viernes 8 de agosto en el Boletín Oficial mediante el decreto 564/2025 y se enmarca en el proceso de desinversión del Estado en empresas energéticas estratégicas.
Las centrales involucradas son Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Las acciones de estas compañías están actualmente en manos de ENARSA, que deberá cederlas en un concurso público de alcance nacional e internacional, bajo un esquema “competitivo y expeditivo”. El proceso tendrá un plazo máximo de 60 días.
Gobierno puso en venta las principales represas patagónicas
De acuerdo con LU17. El Ministerio de Economía quedó a cargo de coordinar todos los pasos del proceso. Será el responsable de establecer las bases del concurso, definir el esquema de remuneración y publicar los anexos que regulen los términos de referencia. La convocatoria no tendrá precio base y podrá incluir oferentes del exterior.
Las actuales concesionarias tendrán la posibilidad de continuar con la operación. Para eso, deberán presentar una Carta de Adhesión en los próximos cinco días. Si adhieren, podrán seguir operando hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se concrete el traspaso. Si no lo hacen, estarán obligadas a seguir generando energía por al menos 90 días hábiles.
Las empresas involucradas hasta ahora son Orazul Energy, Enel Generación, AES Argentina y Central Puerto. Si desean mantenerse en actividad, deberán cumplir una serie de condiciones exigentes impuestas por el nuevo esquema de transición, entre ellas una garantía mínima de cumplimiento contractual de 4,5 millones de dólares.
También deberán aceptar cambios en la forma de cálculo de sus ingresos. Además, continuarán pagando regalías a las provincias de Río Negro y Neuquén, conservarán inventarios detallados y deberán permitir inspecciones a los predios por parte de potenciales oferentes interesados en participar del concurso.
El decreto no especifica las causas económicas detrás de la decisión, pero confirma el avance del plan de privatizaciones. La gestión actual busca reducir la participación estatal en el sector energético, dejando la infraestructura en manos del capital privado y transfiriendo parte de las responsabilidades regulatorias.
El proceso pone en tensión los intereses provinciales, empresariales y sindicales. Las provincias productoras mantendrán la percepción de regalías, pero perderán injerencia operativa si las centrales quedan bajo control de nuevos actores. No se informó si habrá audiencias públicas previas a la adjudicación.
La fecha del concurso aún no fue publicada oficialmente. Según el decreto, la apertura debe realizarse dentro de los próximos 60 días, lo que podría marcar un punto de inflexión en la estructura del mercado eléctrico nacional antes de fin de año.
