La Fiscalía de Esquel ha formalizado la acusación contra los hermanos Massini, detenidos tras el violento incidente en el frigorífico DICASUR de Trevelin. En la audiencia de control de detención, el juez dispuso prisión preventiva por 60 días para uno de los imputados, mientras que el segundo quedó en libertad con prohibición de acercamiento a la víctima y la empresa.
La fiscal María Bottini, en compañía del procurador Ismael Cerda, detalló la imputación. Según la fiscalía, el 6 de agosto a las 11:30 horas, los hermanos se reunieron con el propietario, Rafael Nataine, en su oficina. Durante el encuentro, uno de los imputados sacó un arma de fuego de 9 mm, “haciendo un ademán como cargándola, a los efectos de intimidar” a la víctima. Ambos lo golpearon con sus puños en el rostro, provocándole un traumatismo nasal con fractura múltiple de huesos, y lo amenazaron de muerte a él y a su familia.
Luego de la agresión, el imputado que portaba el arma se llevó dos teléfonos iPhone del escritorio. Los dos se retiraron en una camioneta que fue interceptada por la policía en el control de ruta 259, donde se secuestró el arma de fuego y los celulares. La fiscalía imputó al segundo detenido por extorsión en grado de tentativa y lesiones graves, mientras que al primero, por estos mismos delitos y también por robo calificado con arma de fuego. De acuerdo con FM del Lago Esquel.
La Fiscalía rechaza la teoría de la defensa y fundamenta la prisión preventiva
La defensa de los hermanos Massini sostuvo que el incidente se trató de un intento de cobro de una deuda millonaria y no un robo. Al respecto, la fiscal Bottini por FM DEL LAGO fue enfática. “La persona se lo lleva, el dolo del desapoderamiento está, no importa si tu motivación fue otra”, argumentó.
La fiscal defendió la calificación de los delitos y el pedido de prisión preventiva para uno de los imputados, que inicialmente fue solicitado por 90 días. A su juicio, la gravedad de los hechos y la violencia utilizada, con golpes y amenazas de muerte, demostraron un alto riesgo de fuga. “Si actuaron así por plata, qué harían por mantener su libertad”, sentenció la fiscal. Bottini también señaló la falta de arraigo en la jurisdicción de los imputados y su capacidad económica para sustraerse de la acción de la justicia.
Para sostener la imputación, la Fiscalía presentó como prueba un video de la cámara de seguridad de la oficina, donde se observa la secuencia completa del violento ataque. “El video es claro, se ve el arma de fuego y cómo golpean a la víctima”, aseguró la fiscal.
“Hay que ir por la vía civil”
Bottini fue contundente al rechazar la excusa de la deuda para justificar el accionar violento. “Si empezábamos con este tipo de defensas, esto se volvería cualquier cosa”, opinó. Según la fiscal, si la defensa tiene pruebas de la deuda, “tendrán que ir por la vía civil” y contratar un abogado, como lo hace cualquier ciudadano en un Estado de derecho.
Finalmente, Bottini detalló que se están realizando pericias sobre la camioneta, los teléfonos celulares y el arma secuestrada para esclarecer el caso.
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