El Gobierno nacional aguarda con cautela el pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, previsto para el próximo 28 de noviembre, sobre el pedido argentino destinado a frenar la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas.
Tras las audiencias celebradas esta semana en Hamburgo, Alemania, la Casa Rosada diseña distintas respuestas jurídicas y diplomáticas frente a los posibles escenarios.
El reclamo argentino solicita medidas provisionales para impedir nuevas perforaciones y el despliegue de infraestructura productiva del proyecto Sea Lion, impulsado por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Además, requiere restringir el uso de datos obtenidos en la etapa exploratoria, garantizar las obligaciones argentinas de protección ambiental y bloquear nuevas autorizaciones que agraven el conflicto.
El choque de posturas y los plazos de extracción
Durante las audiencias en Hamburgo quedaron expuestas las diferencias centrales entre ambas delegaciones:
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Jurisdicción y soberanía: El Reino Unido sostiene que el tribunal no puede intervenir sin resolver previamente la disputa de soberanía sobre el archipiélago. La Argentina argumenta que los magistrados pueden resguardar los derechos sobre los recursos naturales sin pronunciarse sobre la titularidad territorial.
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Urgencia del proyecto: La delegación nacional advirtió que el inicio de perforaciones previsto para 2027 generaría un perjuicio irreversible sobre recursos no renovables. La defensa británica negó la existencia de urgencia al afirmar que la producción comercial no comenzaría antes de 2028.
Los tres escenarios y la estrategia paralela de la Casa Rosada
La resolución del 28 de noviembre no definirá la soberanía de Malvinas, sino que determinará si se aplican resguardos cautelares mientras se conforma el tribunal arbitral que tratará la cuestión de fondo. En el Ejecutivo contemplan tres desenlaces: la concesión total de las medidas, la aplicación de protecciones parciales o el rechazo del planteo por cuestiones jurisdiccionales.
En cualquiera de los tres casos, el Gobierno ratificó que continuará con el arbitraje internacional y mantendrá su ofensiva administrativa y legislativa:
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Acciones sobre empresas: Se sostienen más de 180 notas de desaliento enviadas a compañías y proveedores vinculados con las operaciones en las islas.
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Sanciones: Avanzan procedimientos sancionatorios contra alrededor de 60 personas y entidades.
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Agenda legislativa: El Ejecutivo impulsa el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para reforzar el marco legal frente a las actividades petroleras cuestionadas.