Justicia investiga presunto desvío de fondos municipales en carne y pollo.
La causa conocida como “Pollos de Papel” comenzó formalmente en Trelew para esclarecer un presunto fraude millonario en la compra de carne y pollo con recursos municipales. La Municipalidad de Trelew se presentará como querellante, con el objetivo de sancionar a los responsables y recuperar los fondos públicos mal utilizados.
Origen del escándalo
El caso se descubrió tras asumir Gerardo Merino como intendente, cuando detectó irregularidades en contratos y pagos relacionados con la adquisición de alimentos destinados a comedores y programas sociales. Según informó ADNSUR, la denuncia alcanza los 70 millones de pesos.
Mario Romeo, secretario de Gobierno, explicó: “Es la formalización de la apertura de investigación respecto de una denuncia que hizo el intendente Merino apenas iniciada su gestión. Detectamos algunas irregularidades que entendimos eran un delito penal, y lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía”.
Detalles de la investigación
La causa involucra a cinco exfuncionarios municipales y dos particulares, quienes están siendo investigados por malversación de fondos. Inicialmente abierta como un único expediente, la investigación ya sumó diez expedientes adicionales vinculados a los mismos sujetos y actividades, lo que refleja la magnitud del presunto fraude y su impacto en la comunidad.
Rol activo del municipio en la causa
La Municipalidad asumirá un rol activo como querellante, acompañando a la Fiscalía y aportando pruebas necesarias. “La acción busca no solo sancionar a los responsables, sino también restituir los fondos malhabidos para que vuelvan a servir a la comunidad”, aseguró Romeo.
El funcionario destacó la importancia ética y social del caso: “Tiene que ver con bienes del Estado municipal y con alimentos para personas carenciadas. La sociedad debe saber qué se hizo con los recursos que el contribuyente puso”.
Relevancia social y transparencia
El caso “Pollos de Papel” pone en evidencia la necesidad de transparencia en la gestión pública, la protección de recursos municipales y la responsabilidad de quienes manejan fondos destinados a sectores vulnerables. La investigación judicial será clave para esclarecer responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.