Cristina Kirchner propuso reactivar un proyecto de 2015 que permite renegociar deudas personales y proteger la vivienda única.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reinstaló en el debate público la necesidad de una “Ley de Segunda Oportunidad”, destinada a aliviar la situación de hogares sobreendeudados que enfrentan bloqueos de tarjetas de crédito y no pueden afrontar sus pasivos. La propuesta apunta a crear un programa nacional de alivio de deuda personal, con tasas justas y plazos sostenibles.
Lo que muchos desconocen es que esta iniciativa ya cuenta con un proyecto concreto en el Congreso desde 2015, presentado por los entonces senadores Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá.
¿Qué propone la Ley de Segunda Oportunidad?
La ley está pensada para personas físicas, no empresas, que se encuentran en estado de sobreendeudamiento. El objetivo es ofrecerles una salida legal para reorganizar sus pasivos y, en casos extremos, cancelar las deudas impagables para “volver a empezar”.
El proyecto (S-2877/15) establece un Régimen de Sobreendeudamiento para Pequeños Deudores, definido como aquellos cuyos ingresos no superen los 20 salarios mínimos y cuyas deudas no excedan el 300% de sus ingresos mensuales.
Dos caminos para salir del ahogo
La iniciativa contempla dos mecanismos, siempre que el solicitante demuestre buena fe:
- Conciliación extrajudicial: para casos “remediables”. Se abre una instancia de negociación con los acreedores para acordar un plan de pagos de hasta 7 años. Si no hay acuerdo, un síndico puede proponer quitas, esperas o refinanciación.
- Restablecimiento personal: para casos “irremediablemente comprometidos”. Un juez ordena la venta de los bienes del deudor para pagar lo posible. Una vez liquidados los activos, puede declarar extinguidas todas las deudas restantes, que ya no podrán ser reclamadas.
Protección de la vivienda única
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la protección de los bienes esenciales. La ley prohíbe la venta de bienes inembargables, como el lugar de trabajo del deudor y, especialmente, su única vivienda u hogar, si está debidamente registrada.
El proyecto toma como referencia las legislaciones de Francia y España, donde existen leyes similares de “perdón de deudas” para consumidores. El texto argumenta que aplicar la ley de quiebras tradicional —pensada para empresas— a personas físicas vulnera derechos constitucionales como el de una vivienda digna.