La ministra de Seguridad calificó al dirigente sindical de «desestabilizador y golpista» tras sus polémicas declaraciones sobre la intención de «provocar la crisis» del gobierno nacional
El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), por amenazas públicas contra el orden constitucional. La medida se tomó luego de que el dirigente sindical afirmara que «nuestro trabajo es provocar la crisis de este Gobierno», declaraciones que la ministra Patricia Bullrich calificó de «desestabilizadoras y golpistas».
La Denuncia por Amenazas al Orden Constitucional
La presentación judicial fue realizada por el funcionario del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien fundamentó la denuncia en el artículo 222 del Código Penal, que tipifica la «amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática». Según informó el propio ministerio a través de sus canales oficiales, el abogado argumentó que Aguiar «expresó una amenaza pública de atentar para provocar ‘la crisis del Gobierno Nacional'» durante sus declaraciones en el marco del rechazo sindical a la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo. La denuncia busca que la Justicia investigue si estas expresiones configuran un delito contra el orden constitucional.
La Acusación Pública de Bullrich
La ministra de Seguridad no se limitó a la presentación judicial sino que realizó una fuerte declaración pública contra el líder gremial. A través de sus redes sociales y en conferencia de prensa, Bullrich tildó directamente a Aguiar de «desestabilizador y golpista», acusándolo de buscar alterar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. La titular de la cartera de Seguridad consideró que las palabras del sindicalista trascendían el ámbito de la protesta legítima para convertirse en una apología de la desestabilización política.
El Contexto del Conflicto por la Reforma Laboral
Las polémicas declaraciones de Aguiar se produjeron en el marco del creciente conflicto entre el gobierno nacional y los sindicatos por el proyecto de reforma laboral que prepara el Ejecutivo. El jefe de ATE, uno de los gremios más combativos del sector público, había expresado abiertamente su oposición a las modificaciones planteadas por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, fue su caracterización de la estrategia sindical como un trabajo destinado a «provocar la crisis» del gobierno lo que cruzó una línea roja para las autoridades, motivando la respuesta judicial.
El caso marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre el gobierno y los sindicatos, y plantea un debate sobre los límites de la protesta social y la libertad de expresión en el contexto de la confrontación política. Información extraída del medio TN.
