El asesor de la intervención de la cooperativa de servicios públicos convocó públicamente al sindicato de Luz y Fuerza a negociar antes del 2 de diciembre.
Cuando vence la conciliación obligatoria, buscando evitar la escalada del conflicto que incluyó un paro indeterminado.
Scoltore pide diálogo directo antes del 2 de diciembre
A través de una exhortación pública en Radio Chubut, el asesor de la intervención Osmar Scoltore expresó: «si están escuchando, agenden un posible encuentro para llevar una posición negociada ante la secretaría de trabajo, antes que termine la conciliación obligatoria el 2 de diciembre». El funcionario reconoció que mantienen un «buen diálogo» con el gremio, por lo que manifestó su sorpresa por la medida de fuerza convocada por la conducción de los hermanos González.
El conflicto que derivó en intervención judicial
La situación escaló la semana pasada cuando el «poderoso gremio», según la descripción del medio, dictó un paro por tiempo indeterminado. Esta medida llevó a la conducción de la cooperativa a solicitar directivas al juez federal Hugo Sastre, quien dispuso la intervención de la entidad. El magistrado instruyó específicamente para que se contrataran servicios policiales, lo que explica la presencia de uniformados de distintas reparticiones, incluida la división canes, durante las manifestaciones del jueves pasado.
Distancia del operativo policial y búsqueda de solución
Scoltore tomó distancia del operativo de seguridad, aclarando que «la responsabilidad del operativo excedió sus facultades» como asesor de la intervención. El conflicto central gira en torno a lo que el gremio considera una «interpretación distinta» del Convenio Colectivo de Trabajo por parte de la cooperativa, una discrepancia que derivó en medidas de fuerza extremas y que ahora ambas partes buscan resolver mediante la negociación antes de que expire el plazo de conciliación obligatoria.
La ventana de diálogo que se abre hasta el 2 de diciembre representa una oportunidad clave para destrabar el conflicto laboral y normalizar los servicios esenciales, en un contexto donde la intervención judicial busca equilibrar las posiciones y encontrar una solución que evite nuevas medidas de fuerza que afecten a los usuarios.
