El fallo de la Cámara de Casación restituyó el derecho a la educación universitaria para personas privadas de libertad en cárceles federales.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional revocó una medida que restringía el acceso a la educación superior para las personas detenidas en cárceles federales. La resolución devuelve la posibilidad de cursar, participar en actividades extracurriculares y utilizar espacios educativos sin las limitaciones impuestas por el Ministerio de Seguridad.
La decisión judicial y su alcance
El fallo, emitido por la Sala III de la Cámara de Casación, dio lugar al recurso presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Defensoría General de la Nación (DGN), anulando la disposición que limitaba a seis horas semanales la permanencia de los internos en los centros universitarios dentro de las cárceles.
Según informó Noticias Argentinas, la Justicia consideró que la medida “carecía de motivación suficiente” y no surgió de un verdadero proceso de diálogo con los organismos intervinientes, calificándola como arbitraria y restrictiva del derecho a la educación.
La resolución 372/2025 del Ministerio de Seguridad había prohibido el funcionamiento de centros de estudiantes y restringido el uso de espacios de estudio fuera del horario de cursada, lo que generó un amplio rechazo de instituciones educativas y de derechos humanos.
El valor constitucional del derecho a estudiar
En su argumentación, el tribunal sostuvo que la educación de las personas privadas de libertad es un derecho personal y social de jerarquía constitucional, que debe ejercerse en condiciones de igualdad con el resto de la población.
El fallo remarcó además que cualquier restricción a este derecho debe ser evaluada bajo un “escrutinio estricto”, lo que implica que el Estado debe justificar la necesidad de la medida, su proporcionalidad y la inexistencia de alternativas menos restrictivas.
Nueva instancia de diálogo y participación
Como consecuencia, la Cámara anuló la resolución que establecía el régimen de seis horas y ordenó al Juzgado de Instrucción reanudar la mesa de diálogo, garantizando la participación activa de todos los actores, incluidos los estudiantes detenidos.
El nuevo proceso deberá respetar estándares precisos que contemplen que la educación es una herramienta fundamental para la inclusión social y la reinserción, y no puede ser limitada por la condición de encierro.