Un nuevo proyecto de ley busca brindar acompañamiento económico y social a los sobrevivientes y a las familias que perdieron a sus seres queridos por el consumo de fentanilo contaminado, una tragedia que dejó cerca de 100 fallecidos en el país
La iniciativa fue presentada en el Congreso y apunta a establecer un sistema de reparación integral.
La información surge según Ámbito.
El diputado nacional Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, presentó una iniciativa legislativa destinada a reconocer y reparar a quienes resultaron afectados por la distribución de fentanilo adulterado. El proyecto contempla una compensación económica equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles, además de asistencia en salud, acompañamiento social, reinserción educativa e inserción laboral.
La propuesta también establece una pensión vitalicia para hijos y cónyuges de las víctimas fatales, así como beneficios específicos para los sobrevivientes que hayan sufrido incapacidades derivadas de la intoxicación.
Una respuesta estatal ante una tragedia sin precedentes
Valdés remarcó que la normativa surge frente a un hecho que “dejó una herida abierta” en la sociedad argentina. En su presentación, sostuvo que el Estado tiene la obligación de asumir un rol activo:
“Debemos brindar una respuesta integral a los familiares de las víctimas y a quienes sobrevivieron. No podemos permitir que, además del dolor, carguen con el abandono estatal”, señaló.
El diputado aclaró que la reparación económica no será incompatible con futuros reclamos judiciales o extrajudiciales.
Implementación y control del programa
El proyecto crea el Programa de Reparación Integral y designa al Ministerio de Capital Humano como responsable de su puesta en marcha, en articulación con las provincias afectadas.
Además, propone crear un Consejo de Control y Seguimiento, integrado por familiares, organizaciones sociales y organismos públicos, con el objetivo de garantizar transparencia, supervisión y eficacia en la ejecución de la ley.
Mientras el proyecto inicia su recorrido legislativo, la discusión pública vuelve a centrarse en la necesidad de políticas de prevención, control y acompañamiento para evitar que tragedias como la del fentanilo contaminado vuelvan a repetirse.