Los bloques legislativos de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal cuestionaron con dureza el Decreto de Necesidad y Urgencia que impulsa el Poder Ejecutivo para reformar la Ley de Inteligencia Nacional.
A través de un pronunciamiento conjunto, el Interbloque Unidos expresó su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual el Poder Ejecutivo busca introducir una reforma integral al sistema de inteligencia nacional.
Señalaron que se trata de una iniciativa que aborda un tema “altamente sensible” sin pasar por el debate legislativo correspondiente y en un contexto en el que aún no están plenamente conformadas las comisiones bicamerales encargadas de ejercer los controles institucionales. Según indicó Canal 12.
Desde los bloques firmantes advirtieron que no existe ninguna situación de necesidad ni urgencia que justifique legislar por decreto una materia de tal relevancia. En ese sentido, reclamaron la inmediata constitución y designación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, con el objetivo de restablecer los mecanismos de control que establece la Constitución Nacional.
El comunicado señala que el DNU introduce cambios de “enorme impacto”, entre ellos la declaración de que todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter encubierto, lo que —según sostienen— incrementa la opacidad en un ámbito que la ley vigente concibió bajo límites estrictos y supervisión parlamentaria.
Asimismo, cuestionan la ampliación de la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que, advierten, podría habilitar prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores ajenos a tareas sensibles.
Uno de los puntos más criticados es la habilitación al personal de inteligencia para aprehender personas en casos de flagrancia. Para el Interbloque Unidos, esta atribución es propia de las fuerzas de seguridad y contradice el consenso democrático consolidado desde el retorno de la democracia, que establece que los servicios de inteligencia no deben convertirse en una “policía secreta”.
Los legisladores también denunciaron que el decreto avanza sin debate público, sin la participación de especialistas, organizaciones de la sociedad civil ni la consulta a las provincias. Por ese motivo, exigieron que el Congreso trate y rechace el DNU conforme a lo previsto en la Ley 26.122 y reclamaron que cualquier reforma al sistema de inteligencia sea discutida en el ámbito parlamentario y de cara a la sociedad.
Finalmente, los bloques reafirmaron que la seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero advirtieron que no puede construirse debilitando la Constitución, el rol del Congreso ni las garantías individuales. “No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”, concluye el documento.