En una intervención directa y firme, la Argentina respaldó este martes las acciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
El representante permanente argentino, Francisco Fabián Tropepi, exigió además la «pronta liberación» del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, según la publicación de Radio Mitre.
La postura, que reafirma la alineación diplomática de la administración del presidente Javier Mileicon Washington, fue respaldada por el canciller Pablo Quirno, quien destacó la «firme» condena argentina a la «violación sistemática de los derechos humanos» en Venezuela. La intervención ocurrió en una sesión de emergencia solicitada por Caracas, en medio de una tensión extrema marcada por un bloqueo naval estadounidense y denuncias de agresión y piratería.
La postura argentina: un alineamiento claro con Washington
En su discurso, el representante argentino Francisco Tropepi fue contundente. Expresó la «profunda preocupación» de Argentina por la situación en Venezuela, reiterando que la nación sudamericana «saluda la presión de los Estados Unidos para liberar al pueblo venezolano». Esta frase, pronunciada originalmente por el presidente Milei, resumió la posición oficial.
Según informaciones oficiales, Argentina reconoce al candidato opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, luego de unas elecciones de julio de 2024 cuya transparencia y resultado han sido cuestionados por observadores internacionales. Tropepi denunció que el régimen de Maduro, al que calificó de «carente de legitimidad política», ha puesto «en jaque» la paz, la libertad y la democracia en América Latina. La Argentina también instó a la comunidad internacional a «hablar claramente» contra este gobierno.
Un escenario regional de máxima tensión y graves acusaciones
La sesión del Consejo de Seguridad reflejó una división profunda. Venezuela, respaldada por Rusia y China, acusó a Estados Unidos de ejecutar un «gigantesco crimen de agresión» y un «plan de conquista» para apropiarse de sus recursos petroleros y minerales. El embajador venezolano, Samuel Moncada, denunció el bloqueo naval total decretado por Washington y la incautación de buques petroleros como actos de «piratería de Estado».
Estados Unidos, por su parte, defendió sus acciones. El embajador Mike Waltz afirmó que aplicará sanciones «al máximo» para privar a Maduro de recursos, a quien acusó de ser un «fugitivo de la justicia» y el jefe del «Cartel de los Soles», una organización designada como terrorista. Washington sostiene que estas redes se financian con el petróleo venezolano y representan una «amenaza extraordinaria» para la región.
Mientras tanto, otros países como Chile, Brasil y México, aunque no reconocen la legitimidad de Maduro, hicieron llamados a la moderación, a respetar el derecho internacional y a buscar soluciones por la vía del diálogo, subrayando que la región es una «zona de paz».
La crisis interna de Venezuela: derechos humanos y prisioneros políticos
El trasfondo de esta confrontación internacional es una profunda crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela. Organizaciones internacionales han documentado un colapso del Estado de Derecho, con el poder judicial bajo control del ejecutivo, y una represión sistemática que incluye detenciones arbitrarias, torturas y persecución de la disidencia política y social. Se estima que más de 1,900 personas son consideradas «presos políticos» tras las protestas postelectorales de 2024.
En este contexto, la demanda argentina por la liberación del gendarme Nahuel Gallo se enmarca en una preocupación más amplia por la situación de los detenidos. Para Argentina, la resolución de casos como el de Gallo es un paso necesario, pero la posición del gobierno de Milei deja claro que su objetivo estratégico es un cambio político en Venezuela, alineándose sin ambigüedades con la política de «máxima presión» impulsada por Estados Unidos.
