En junio de 2024, el Gobierno armó el Consejo de Mayo y lo puso a trabajar con una consigna de época: “motosierra nacional”. El grupo reúne a Guillermo Francos como coordinador, Alfredo Cornejo por los gobernadores firmantes, Carolina Losada por el Senado, Cristian Ritondo por Diputados, Gerardo Martínez por los sindicatos y Martín Rappallini por el empresariado. Además, el equipo cuenta con el acompañamiento permanente de Federico Sturzenegger.
La mesa nace para traducir en leyes los diez puntos del Pacto de Mayo y ya avanza en borradores para llevar al Congreso. En el oficialismo, la lectura es lineal: ordenar cuentas, ajustar reglas y empujar reformas para sostener el superávit fiscal como columna del plan económico.
Uno de los primeros focos pasa por la deuda y, sobre todo, por el gasto público de provincias y municipios. La propuesta apunta a llevar el gasto consolidado al 25% del PBI, frente al 32% que el Gobierno ubica como referencia para 2024.
La idea busca imponer una regla sencilla en la letra chica: cada Ejecutivo congela sus erogaciones para sostener el superávit que Milei marca desde el inicio de su gestión. El efecto político aparece rápido: si el gasto queda atado, también se achica el margen para discutir salarios estatales, sostener mantenimiento e impulsar obras sin caja.
El botón de presión se llama ATN. Desde Nación se advierte que, si una provincia o municipio no respeta la regla de “no gastar más de lo que ingresa”, puede quedar afuera de los Aportes del Tesoro Nacional, un fondo que el Poder Ejecutivo maneja con discrecionalidad y suele usar como moneda de negociación con los gobernadores.
Los ATN se diseñan para asistir en emergencias financieras y desequilibrios temporales. Pero el reparto siempre genera ruido por el volumen que queda en manos de la Casa Rosada: una porción grande se recauda y no se distribuye, y ese remanente abre discusiones políticas, reclamos y tironeos en cada negociación fiscal.
Según un informe de Analytica, este año se recaudaron $860.115 millones y se distribuyeron $131.500 millones. Quedaron sin repartir $728.000 millones, un número que alimenta la presión de las provincias que buscan recursos sin quedar atadas a condiciones.
En ese mapa, la Patagonia mira los números con lupa. Durante 2025, Neuquén aparece como la provincia más beneficiada con $18.000 millones, seguida por Santa Cruz con $8.000 millones, Chubut con $7.000 millones y Río Negro con $5.000 millones.
En los hechos, esos fondos funcionan como aire en años apretados: ayudan a sostener servicios, cubrir baches de recaudación y ordenar pagos urgentes. El problema es político y financiero a la vez: si el Ejecutivo nacional ata los ATN al ajuste, cada gobernador pierde margen para moverse.
Con el Consejo de Mayo en marcha, el oficialismo busca que esa regla fiscal se transforme en ley. Y en el sur, donde los ATN ya pesan en la vida diaria de las cuentas públicas, el debate deja de ser técnico: pasa a ser una pulseada directa por autonomía, recursos y poder. Información extraída de LA17.
