El bloque del PRO en Diputados presentó un recurso de amparo para detener la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN).
La medida, impulsada por Cristian Ritondo, se fundamenta en la supuesta violación de la Constitución Nacional y apunta a preservar la transparencia institucional. Según informó TN, la resolución cuestiona el procedimiento parlamentario que avaló la terna de auditores con 186 votos a favor y dos abstenciones.
La terna aprobada en Diputados
La votación en la Cámara Baja definió la incorporación de:
- Rita Mónica Almada, propuesta por La Libertad Avanza.
- Juan Ignacio Forlón, cercano a Máximo Kirchner, por el peronismo.
- Pamela Calletti, exdiputada nacional salteña, por Innovación Federal.
Los argumentos del PRO
Ritondo sostuvo que las designaciones fueron “irregulares” y se realizaron en un procedimiento “abiertamente inconstitucional”. Señaló que el tema no estaba incluido en el decreto presidencial que convocó a sesiones extraordinarias, lo que constituye una violación directa del artículo 63 de la Constitución Nacional.
El legislador también criticó que la votación se haya realizado cerca de las tres de la mañana, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales. “El acto es nulo de nulidad absoluta”, afirmó.
Impacto institucional
Para Ritondo, lo ocurrido afecta los derechos políticos de los diputados y quiebra el equilibrio del sistema de control del Estado. “La Auditoría General de la Nación no es un órgano administrativo interno: es un órgano constitucional clave para controlar cómo se utilizan los recursos públicos”, subrayó.
Lo que pide el amparo
El escrito solicita a la Justicia:
- Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución que designó a los auditores.
- Dictar una medida cautelar urgente para impedir que asuman o actúen en la AGN hasta que exista sentencia definitiva.
- Restituir el estado institucional previo al acto cuestionado.
Ritondo aclaró que “no se trata de una discusión política ni de nombres propios, sino de defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”.
El recurso del PRO abre un nuevo capítulo de tensión con La Libertad Avanza y plantea un debate sobre los límites constitucionales en las sesiones extraordinarias. La definición judicial será clave para determinar si las designaciones en la AGN se mantienen o quedan sin efecto.
