Un giro clave se produjo en la investigación por las millonarias irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Roger Edgar Grant, coordinador de Gestión de Urgencias, se convirtió este miércoles en el primer imputado que declaró ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Frente a las acusaciones, su defensa se centró en un argumento: él solo ejecutaba «órdenes directas» de su superior.
La estrategia de la defensa: «Consultaba todo con Garbellini»
Durante su indagatoria, Grant intentó delimitar su responsabilidad en el presunto esquema de direccionamiento de compras. Según la información de la audiencia, el imputado sostuvo que su rol se limitaba a ejecutar procedimientos administrativos dentro del sistema SIIPFIS y que actuaba bajo instrucciones de su jefe, Daniel Garbellini.
Grant afirmó que «consultaba todo con Garbellini», con quien había trabajado previamente en la obra social OSPSIP, evitando atribuirse capacidad de decisión. Sin embargo, para la fiscalía, Grant es una pieza clave. La investigación, que se basa en el análisis de expedientes y documentación secuestrada, indica que las compras de ANDIS se fraccionaron en 21 licitaciones «reducidas», lo que permitió que solo dos droguerías concentraran más del 93% de las adjudicaciones, por un monto que supera los 30.300 millones de pesos.
Un esquema paralelo y los «jefes paraestatales»
La declaración de Grant aportó información clave sobre el funcionamiento interno del presunto entramado. Según lo que surge del expediente judicial, Garbellini, a su vez, habría seguido las órdenes de Pablo Atchabahian. Este último es señalado como uno de los dos supuestos «jefes paraestatales» de la estructura paralela dentro de ANDIS. Junto a él, también se menciona a Miguel Ángel Calvete. En este momento, ambos se encuentran detenidos.
Además, un dato muy relevante salió a la luz durante la pesquisa: los investigadores encontraron el nombre de Grant anotado en uno de los cuadernos personales de Calvete. Las autoridades consideran que este elemento es crucial, ya que permitiría trazar con mayor claridad los vínculos y las conexiones dentro del complejo esquema investigado.
Por otro lado, es importante recordar el alcance de esta causa. La investigación judicial se centra en varias irregularidades graves. En concreto, se analizan posibles sobreprecios en las adquisiciones, un fraccionamiento artificial de las compras y una presunta manipulación de los insumos. Todo esto afecta directamente al Programa Incluir Salud, un plan específicamente destinado a asistir a población en situación de alta vulnerabilidad.
A diferencia de otros imputados como Atchabahian, Calvete y el propio Garbellini, quienes se negaron a declarar, la decisión de Grant de responder preguntas abre una nueva línea de análisis para la justicia. Su testimonio, centrado en la cadena de mandos, podría ser fundamental para desentrañar responsabilidades en uno de los casos de presunta corrupción más resonantes en el área de salud pública. Información extraída del medio La17.