El juez federal Daniel Rafecas ordenó medidas clave para desentrañar una compleja trama de posible lavado de activos. El foco está en una lujosa mansión de 105 mil metros cuadrados en Pilar, adquirida por personas sin patrimonio declarado para una operación multimillonaria.
Los hilos de esta investigación conducen directamente a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA.
La punta del iceberg: una mansión de diez millones y titulares inexplicables
Todo comenzó con una denuncia formal de la Coalición Cívica. Según información reportada originalmente por Perfil, los legisladores Facundo del Gaiso y Elisa Carrió presentaron una investigación ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Su objetivo: esclarecer la adquisición de una imponente propiedad en Villa Rosa, Pilar, valorada en alrededor de diez millones de dólares.
Los titulares de esta mansión, que incluye helipuerto, canchas de fútbol y garaje para autos de alta gama, son Ana Conte, una jubilada, y Luciano Pantano, un monotributista que además se desempeñó como protesorero del Club Almirante Brown y presidente de la Asociación de Fútbol de Playa en la AFA. La gran pregunta que la justicia debe responder es simple pero contundente: ¿cómo financiaron semejante operación inmobiliaria?
Las órdenes del juez: desarmar el secreto y tasar cada metro
El juez Rafecas, a cargo provisoriamente de la causa, no perdió tiempo. Este viernes 5 de diciembre, dictó una serie de resoluciones contundentes para avanzar en el caso. En primer lugar, ordenó levantar el secreto fiscal de Ana Conte, Luciano Pantano, el empresario Lucas Labbad y la sociedad «Real Central SRL». Esta medida es crucial, ya que permitirá a los investigadores cruzar toda la información impositiva de los involucrados. Así, podrán verificar si sus ingresos declarados, actividades y patrimonio tienen alguna relación lógica con la compra de la mansión.
Además, Rafecas dispuso una «valuación exhaustiva» de la propiedad. Para garantizar total transparencia y precisión, convocó a dos peritos de alto nivel: uno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otro tasador del Colegio de Martilleros de San Isidro. Paralelamente, instruyó a la Policía Federal para que coloque consignas en los accesos al inmueble. El objetivo es identificar y registrar a todas las personas que entren y salgan de la residencia.
El origen de la denuncia: un tuit de Tévez y la sospecha de un «sistema mafioso»
Facundo del Gaiso, uno de los denunciantes, explicó el origen de la investigación en medios nacionales. Todo partió de un tuit del exfutbolista Carlos Tévez, donde hacía alusiones directas al patrimonio de Pablo Toviggino. «Empezamos a indagar y encontramos esa mansión», relató el legislador. Los rumores entre los vecinos de la zona señalaban presencias constantes de «Chiqui» Tapia y Toviggino en el lugar.
«Éste es un sistema mafioso que hizo que los clubes estén callados», afirmó Del Gaiso, recordando una frase de Elisa Carrió al iniciar el caso: «Yo de fútbol no entiendo nada, pero de mafia entiendo mucho». La denuncia no está aislada. Por el contrario, se suma a otra investigación de mayor envergadura que ya vincula a Claudio Tapia con la financiera Sur Finanzas, por un presunto lavado de activos que superaría los 818.000 millones de pesos.
Un expediente que define su rumbo en la Cámara Federal
El próximo paso procesal es fundamental. Este martes 9 de diciembre, el juez Rafecas elevará todo el expediente a la Cámara Federal. Este tribunal superior deberá resolver un punto clave: determinar si la investigación por la mansión de Pilar debe continuar en el fuero federal a cargo de Rafecas, o si corresponde su derivación al fuero penal económico. Esta decisión marcará el rumbo definitivo de una causa que promete seguir generando fuertes repercusiones en el corazón del fútbol argentino y en los estrados judiciales.
