El gobernante Partido Libre de Honduras rechazó la legitimidad del próximo gobierno y convocó a movilizaciones callejeras, denunciando una «injerencias desvergonzada» de Estados Unidos en las elecciones.
La tensión política en Honduras escaló drásticamente este sábado 13 de diciembre, cuando el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) declaró que «no otorga legitimidad política ni moral» al gobierno que surja de los comicios generales del 30 de noviembre. En una resolución contundente, el partido liderado por el expresidente Manuel Zelaya y su candidata Rixi Moncadase autoproclamó como una «oposición firme ética y popular» e hizo un llamado explícito a sus bases para que salgan a las calles. Esta información fue reportada en exclusiva por el medio internacional Deutsche Welle (DW).
La decisión, tomada durante una asamblea partidaria en Siguatepeque, profundiza la crisis postelectoral en el país centroamericano y amenaza con un período de inestabilidad e impasse institucional.
Acusaciones de injerencia extranjera y guerra mediática
En el centro del rechazo de Libre están las acusaciones de una intervención extranjera masiva en el proceso democrático. La resolución oficial afirma que no reconoce los resultados porque «conllevan el germen de la intromisión e injerencia de los Estados Unidos y la clase oligárquica», describiendo el proceso como una «restauración del narcoestado».
El partido también rechazó lo que denominó una «guerra mediática y psicológica sin precedentes», financiada, según su visión, por el gran capital, así como «la intervención abierta»de Estados Unidos y gobiernos de derecha extrema. Estas declaraciones reflejan un profundo descontento con el desarrollo de los comicios y establecen un marco de confrontación directa con los posibles ganadores.
Un panorama electoral fracturado y sin ganador definido
La contienda electoral sigue sin un resultado definitivo y se encuentra en una fase de extrema fragilidad. Según el último escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE), cubierto en un 99.40%, la disputa se centra entre:
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Nasry Asfura, del opositor Partido Nacional, quien lidera con el 40.52% de los votos y cuenta con el apoyo público del expresidente estadounidense Donald Trump.
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Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que obtiene un 39.20% y que, de manera significativa, también ha cuestionado los resultados oficiales.
Por su parte, la candidata de Libre, Rixi Moncada, se mantiene en un distante tercer puesto con el 19.29% de los votos. El partido espera el escrutinio especial de al menos 2.773 actas que presentan inconsistencias, aunque ha aclarado que, más allá del recuento, no reconocerá un gobierno surgido de lo que considera un proceso viciado.
Un llamado a la movilización que anticipa más inestabilidad
Horas antes de la publicación de la resolución, el coordinador general de Libre y expresidente de la república, Manuel Zelaya, ya había llamado a la movilización de la militancia. El objetivo es respaldar a los candidatos oficialistas que exigen directamente la anulación total de las elecciones.
Este llamado a la acción callejera, sumado a la declaración de no legitimidad, configura un escenario de confrontación política prolongada. La incertidumbre se ve agravada por los plazos administrativos: la espera para conocer a un virtual ganador definitivo podría alargarse hasta el 30 de diciembre, según los tiempos que marca la legalidad hondureña.
Honduras al borde de un impasse político profundo
Con el partido de gobierno declarándose en oposición activa incluso antes de la transmisión de mando, y con dos de los tres principales candidatos cuestionando los resultados, Honduras se encamina hacia uno de los momentos de mayor deslegitimación institucional en su historia reciente. La combinación de acusaciones de injerencia extranjera, un llamado explícito a la protesta social y la falta de un ganador claro con amplio reconocimiento, dibuja un panorama complejo para los próximos meses.
La comunidad internacional observa con preocupación cómo se desarrolla esta crisis, que pone a prueba no solo las instituciones hondureñas, sino también los frágiles acuerdos democráticos en la región. El riesgo de un período de ingobernabilidad y polarización social extrema es real y palpable.