La ex jueza Julieta Makintach llevó su defensa un paso más allá y presentó ante la Suprema Corte bonaerense un recurso de inaplicabilidad de ley con el que busca anular la sentencia del Jury de Enjuiciamiento que la removió del cargo.
El escrito, de 42 páginas y firmado por su abogado Darío Saldaño, plantea que su destitución se produjo bajo un proceso que —según afirma— violó garantías constitucionales de forma “sistemática y acumulativa”.
El planteo será tratado el próximo 10 de diciembre y se centra en cuestionar la imparcialidad del tribunal que la juzgó. Makintach apunta de manera directa a la ministra de la Suprema Corte, Hilda Kogan, quien presidió el jury. De acuerdo con la defensa, su participación “torna inválido todo el proceso”, ya que la magistrada había intervenido previamente en la suspensión disciplinaria de la jueza y evaluado las pruebas que luego sirvieron de base para la acusación.
“Revisar esos mismos aspectos implica ser juez de su propio fallo”, argumentó la defensa, que solicita formalmente su apartamiento en esta nueva etapa. También recordó que durante el desarrollo del jury ya había sido recusada, aunque ese planteo fue rechazado.
El recurso cuestiona además la base jurídica de la acusación, construida —según la defensa— sobre conceptos “vagos” como “conductas impropias”, “irregularidades institucionales” o “afectación a la credibilidad pública”. Para Makintach, esas expresiones no cumplen con el principio de legalidad disciplinaria, lo que generó un proceso “dirigido a removerla a cualquier costo”.
Otro de los puntos críticos es la actuación simultánea de la Procuración, el Colegio de Abogados de San Isidro y los representantes de un denunciante particular. Aunque figuraban formalmente como “adjutores”, la defensa sostiene que actuaron como acusadores plenos, configurando lo que describe como un escenario de “tres contra una” que afectó la igualdad de armas.
Makintach también planteó que durante el juicio político se rechazaron pruebas esenciales, se negaron careos y se impidió el acceso a documentación clave, además de permitirle solo quince minutos para declarar, sin posibilidad real de responder preguntas ni ampliar su defensa. Para su abogado, esas decisiones condicionaron el proceso desde el inicio.
La presentación cuestiona, además, el origen mediático de la acusación. Según sostiene la defensa, algunos titulares sobre una supuesta “filmación clandestina del juicio Maradona” fueron tomados sin verificación y utilizados como disparador administrativo por la Procuración, pese a que —afirma— nunca existió una grabación ilegal ni una normativa que prohibiera la divulgación del material involucrado.
En paralelo, el escrito destaca que la sentencia del jury “vulneró el estado de derecho”, lo que habilita —de acuerdo con su planteo— la intervención de la Suprema Corte bonaerense y, eventualmente, de la Corte Suprema nacional.
“La gravedad de los vicios al debido proceso supera cualquier conducta atribuida a Makintach”, concluye el recurso, que busca reabrir un caso que generó fuerte debate institucional y dejó expuestos cuestionamientos internos sobre el funcionamiento del sistema disciplinario judicial bonaerense.
