Este lunes, al cumplirse un año de la detención en Venezuela del gendarme argentino Nahuel Gallo, el Gobierno nacional reiteró con firmeza su exigencia de liberación inmediata.
En un comunicado conjunto, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Seguridad calificaron el caso como una “violación flagrante del derecho internacional” y una “detención ilegal y desaparición forzada”, denunciando la falta total de información sobre su paradero y estado.
Un reclamo internacional sostenido y sin respuesta
El Gobierno argentino no ha cesado en sus acciones para presionar por la liberación del Cabo Primero Gallo, detenido desde el 8 de diciembre de 2024. Como parte de una estrategia de escalada diplomática, la Argentina ya había presentado a inicios de año una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), señalando específicamente al fiscal general venezolano Tarek William Saab.
Este recurso legal se fundamenta en que el caso constituye “una violación grave y flagrante de los derechos humanos” y evidenciaría un “patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad” en Venezuela. Además de ante la CPI, el país ha elevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aunque hasta el momento estas gestiones no han dado resultados concretos.
La angustia familiar y el silencio del régimen de Maduro
La dimensión humana del caso es profundamente dramática. La familia de Gallo, en particular su pareja María Alejandra (o Alexandra) Gómez, lleva doce meses sin información oficial sobre su estado de salud, situación legal o paradero exacto. En agosto de 2025, Gómez compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados argentina, donde denunció la “desaparición forzada” de su esposo y el silencio absoluto del gobierno venezolano.
Las autoridades venezolanas, por su parte, han justificado la detención alegando que Gallo intentó ingresar de manera irregular al país y lo acusan de estar vinculado a la planificación de “acciones desestabilizadoras y terroristas”. Estas acusaciones han sido rechazadas de plano por Argentina, que insiste en que se trata de una detención arbitraria y un ciudadano privado de sus garantías judiciales más básicas.
Con este nuevo y enérgico pronunciamiento en el primer aniversario de su detención, la Argentina reafirma que el caso Nahuel Gallo sigue siendo una prioridad en su agenda de política exterior y de derechos humanos. El Gobierno se comprometió a continuar acompañando a la familia y a utilizar todos los recursos legales y diplomáticos para lograr su libertad y restitución al país, manteniendo la presión sobre un régimen al que acusa de violar normas internacionales fundamentales. Información extraída del medio A24.
