La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza aseguró que este año se tratará la reforma de la Ley Penal Juvenil, planteando un debate polarizante y con duras críticas al sistema actual.
La senadora nacional Patricia Bullrich lanzó un contundente mensaje a sus pares en el Congreso, reavivando el debate sobre uno de los temas más sensibles de la agenda de seguridad. A través de sus redes sociales, la jefa del bloque de La Libertad Avanza aseguró que este 2026 se avanzará en el tratamiento de la reforma de la Ley Penal Juvenil, iniciativa que incluye una polémica baja de la edad de imputabilidad.
Según Noticias Argentinas, plantean el debate en términos dicotómicos, acusando a quienes no apoyen el proyecto de sostener una «posición pro-delincuentes».
«O acompañás a las víctimas o sos pro-delincuentes»: la postura de Bullrich
En un tono confrontativo y polarizante, Patricia Bullrich fijó su posición y desafió a los demás legisladores. «Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes», publicó la exministra de Seguridad.
Para fundamentar su postura, la senadora apeló a casos criminales recientes, cuestionando la efectividad del sistema actual. «¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes», advirtió. Según su visión, el sistema actual protege a los infractores y abandona a las víctimas, generando un ciclo de impunidad.
Los pilares de la reforma: «Responsabilidad penal temprana» y «se les terminó la impunidad»
Bullrich no solo criticó, sino que también delineó los ejes centrales de la reforma que impulsa. Su propuesta se basa en tres pilares fundamentales que, según afirma, buscan equiparar la legislación argentina con la de países vecinos:
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Responsabilidad penal temprana: Esto implica bajar la edad a partir de la cual un adolescente puede ser declarado penalmente responsable por sus actos, un punto que históricamente genera intensos debates jurídicos y sociales.
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Jueces especializados: La creación de un fuero específico para tratar estos casos, con magistrados formados en materia de adolescencia y derecho penal juvenil.
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Penas diferenciadas: Aunque se busca responsabilizar, la propuesta contempla un régimen de sanciones específico para jóvenes, distinto al de los adultos.
Concluyó su planteamiento con una frase firme: «Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos… Se les terminó la impunidad por edad«. Este enfoque busca romper con lo que ella califica como un «sistema vergonzoso».
Un debate histórico y complejo que vuelve al centro de la escena
La discusión sobre la edad de imputabilidad no es nueva en Argentina, pero cada vez que resurge genera un profundo enfrentamiento ideológico. Por un lado, posiciones como la de Bullrich argumentan que es necesario para combatir la sensación de impunidad y responder al reclamo social de seguridad.
Por otro, organizaciones de derechos humanos, especialistas en niñez y parte de la oposición política sostienen que bajar la edad penal es una solución simplista que estigmatiza a los jóvenes en situación de vulnerabilidad y va contra los tratados internacionales de derechos del niño, que promueven la reinserción social por sobre el castigo puro.
El anuncio de la senadora asegura que este debate, cargado de carga emocional y complejidad técnica, volverá con fuerza a las comisiones y al recinto del Congreso Nacional durante el presente año legislativo, prometiendo ser una de las discusiones más álgidas del período.
Con un lenguaje directo y confrontativo, Patricia Bullrich ha colocado nuevamente en la agenda pública un tema de alta sensibilidad social. Su anuncio de impulsar la reforma de la Ley Penal Juvenil, con la baja de la edad de imputabilidad como eje, promete desatar un intenso debate parlamentario y social a lo largo de 2026.
La discusión trascenderá lo meramente legal para convertirse en una pulseada sobre el modelo de seguridad y la visión de futuro que la sociedad quiere para sus jóvenes. El desafío para el Congreso será abordar este tema con la profundidad y responsabilidad que merece, buscando un equilibrio entre la legítima demanda de seguridad y la protección integral de los derechos de los adolescentes.
