El gobierno del presidente Javier Milei se prepara para desmantelar el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), un organismo acosado por denuncias de irregularidades y una deuda que supera los $200 mil millones.
En los próximos días se firmará un decreto que oficializará la división del servicio que nuclea a más de 600.000 afiliados entre activos y pasivos de las fuerzas de seguridad y armadas, dando inicio a un proceso de disolución definitiva. Según Noticias Argentinas (NA), establecen la creación de dos nuevas obras sociales y una estructura temporal para la transición.
El proyecto responde al diagnóstico oficial de que IOSFA es una estructura ineficiente y con graves problemas de gestión que ha generado un colapso en las prestaciones para los efectivos y sus familias. “Necesitamos que nos firmen el divorcio”, admiten fuentes del Ministerio de Seguridad, en referencia a la urgencia por separar las prestaciones de las fuerzas de seguridad de las de las Fuerzas Armadas para poder licitar servicios con empresas privadas.
Dos caminos separados: licitación para Seguridad y hospitales propios para Defensa
La división del IOSFA creará dos realidades distintas según la dependencia de los afiliados. Por un lado, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, quedará a cargo de las prestaciones para Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, las dos fuerzas con mayor cantidad de afiliados. El plan es ambicioso: la nueva Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) también aspira a incorporar a la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La estrategia de Seguridad pasa por licitar el servicio con las principales prepagas del país, buscando una empresa que pueda cubrir las necesidades a nivel nacional y “simplificar las demandas” que hoy colapsan el sistema. El objetivo es reducir trámites burocráticos y garantizar el acceso a la salud.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Presti, tendrá a su cargo solo a las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. A diferencia de Seguridad, la cartera de Defensa aspira a mantener y potenciar las estructuras hospitalarias militares existentes para el desarrollo de su propia obra social, cuyo nombre aún no está definido. El plan es hacer uso de la red de hospitales militares de alta y mediana complejidad para garantizar una cobertura federal, incorporando especialistas en gestión sanitaria para administrar el nuevo organismo.
Una deuda del Estado con el Estado y una transición de un año
Uno de los puntos más críticos es la deuda monumental que arrastra IOSFA, estimada en más de $200 mil millones. Según funcionarios involucrados en el diseño del decreto, esa deuda “es del Estado con el Estado” y quedará en manos del Ministerio de Economía, que asegura tenerla bajo control.
Dado que el proceso de creación de las nuevas obras sociales es complejo, ambas carteras acordaron mantener una estructura temporal, denominada “IOSFA residual”. Esta entidad transitoria funcionará durante aproximadamente un año, garantizando que los efectivos y sus familiares que estén cursando tratamientos médicos no vean interrumpida su cobertura. Una vez que los nuevos servicios estén regularizados, se procederá a la disolución definitiva del IOSFA original.
Con el decreto casi listo, las carteras de Seguridad y Defensa aguardan los últimos detalles de la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, y la firma final del presidente Milei, que se espera para la próxima semana. Este movimiento marca una reforma profunda en la salud de las fuerzas, buscando terminar con décadas de desorden administrativo y mala prestación de servicios.