El conflicto que atraviesan hace al menos dos meses los trabajadores, que hasta noviembre pasado prestaban funciones en la planta de la ex Alpesca, sigue sin una resolución definitiva.
Sobre el cierre del primer mes del año hubo novedades vinculadas a la situación de parte del personal que quedó fuera de Red Chamber, a partir de una propuesta de extinción laboral impulsada por el Gobierno de Ignacio Torres.
Con el correr de los días finalmente 35 operarios fueron reincorporados con reconocimiento de antigüedad y categorías. No obstante, otros 45 analizan una salida indemnizatoria financiada por la Provincia, en medio de reclamos por parte del gremio, cuestionamientos legales y la falta de acceso al contrato firmado entre el Estado y la compañía. De acuerdo con Pesca Chubut.
La situación involucraba en un principio a cerca de 80 trabajadores que, tras la salida de Pesquera Deseado y el regreso de Red Chamber como arrendataria de los bienes de la exAlpesca, no fueron reincorporados de manera efectiva a la planta o fueron dados de alta bajo condiciones que, según denunciaron este tiempo, implicaron una pérdida de derechos adquiridos.
La propuesta
Leonardo Román, que hasta el año pasado era operario en la compañía y ahora miembro de la comisión del STIA, afirmó que el viernes pasado el grupo que no tomaron recibió el modelo de contrato que deberán firmar aquellos que opten por aceptar la indemnización ofrecida por Provincia.
En principio el acuerdo establece que el Estado abonará la indemnización correspondiente a los trabajadores que no fueron reincorporados, una salida que, de acuerdo con los dichos de Román, genera ciertos cuestionamientos. “Es medio confuso que la provincia esté pagando la indemnización de una empresa privada. La solución que nos acercaron fue que pague la provincia”, señaló.
El modelo de acuerdo, al que accedió REVISTA PUERTO, es suscripto por el Fiscal de Estado Andrés Meiszner, el Comité de Administración designado por Decreto 1390/25, el Secretario de Trabajo Nicolás Zárate, un representante del STIA y cada trabajador en forma individual, con patrocinio letrado. El convenio se encuadra en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el distracto por voluntad concurrente.
En los antecedentes, la Provincia sostiene que los trabajadores no fueron convocados tras una evaluación negativa realizada por la empresa, situación que derivó en un reclamo sindical y en una afectación de la denominada “paz social”, lo que, según el texto, dificulta la explotación de los bienes expropiados de Alpesca y la continuidad de los puestos de trabajo.
El documento incluye una referencia expresa a fallos judiciales de primera instancia, Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn y del Superior Tribunal de Justicia, que establecieron que Red Chamber no es continuadora legal de Alpesca SA, punto fuertemente cuestionado por los trabajadores.
En la cláusula primera, la Provincia aclara que interviene “sin reconocer hechos ni derechos”, invocando criterios de oportunidad y mérito para evitar la conflictividad social. Allí se deja constancia de que el trabajador opta voluntariamente por extinguir la relación laboral con Alpesca y las empresas arrendatarias.
La cláusula segunda establece el pago de una indemnización total, única y definitiva, cuyo monto surge de una liquidación individual anexa, a abonarse en dos cuotas: la primera a los 10 días de la homologación y ratificación por decreto, y la segunda a los 30 días de efectuado el primer pago.
Mediante la cláusula tercera, el trabajador cede a la Provincia cualquier crédito que pudiera corresponderle en el juicio de expropiación de Alpesca, habilitando al Estado a compensar las sumas abonadas con lo que eventualmente surja de la sentencia definitiva.
La cláusula cuarta dispone una renuncia amplia y definitiva a todo reclamo administrativo o judicial presente o futuro, liberando de responsabilidad a Alpesca S.A., Red Chamber Argentina SA, Pesquera Deseado SAU y a la Provincia del Chubut, incluyendo salarios, diferencias, indemnizaciones, multas laborales, reclamos por enfermedad, incapacidad, discriminación o daños. El acuerdo obliga además a desistir de acciones judiciales iniciadas y a colaborar en eventuales acciones de repetición del Estado.
Estos términos son los que ahora están bajo análisis del STIA y del abogado Eduardo Hualpa, quienes solicitaron acortar los plazos de pago, eliminar expresiones que responsabilizan a los empleados por la ruptura de la “paz social” e incorporar garantías concretas ante posibles incumplimientos.
Reincorporaciones parciales
De acuerdo con Román, de los aproximadamente 80 trabajadores que se encontraban en conflicto, fueron reincorporados 35 entre el 28 y el 29 del último mes. En esos casos, la empresa restituyó la antigüedad y las categorías laborales que inicialmente habían sido desconocidas.
La propuesta indemnizatoria alcanza a 45 trabajadores, muchos de ellos con entre 24 y 35 años de antigüedad. Para algunos, la posibilidad de acceder a una indemnización resulta una salida ante la proximidad de la jubilación; para otros, una decisión forzada por la situación económica.
“Hay compañeros muy endeudados, otros con familiares con problemas de salud crónicos o hijos con discapacidad. En esos casos no tienen otra opción que aceptar, porque hoy están prácticamente sin ingresos”, advirtió Román en diálogo con este medio.
“Eso parece escrito por la empresa y no por la provincia. Se ponen en víctimas y no reconocen que precarizaron a compañeros con 30 años de antigüedad, bajándolos de categoría o dejándolos como eventuales”, sostuvo.
Una causa judicial paralela
En paralelo al conflicto laboral, Román fue notificado de una medida judicial dispuesta por el juez penal Marcelo Orlando que le impide acercarse a instalaciones de Red Chamber, tras una denuncia por presuntos actos de intimidación contra el director de Recursos Humanos de la empresa.
El trabajador negó las acusaciones y aseguró que se lo responsabiliza por dichos realizados por un locutor radial. “Mi abogado me dijo que esto parece una forma de callarme. Justo ahora que la empresa tiene una auditoría internacional”, afirmó.
Román sostuvo que no responsabiliza personalmente al directivo denunciado y reiteró que el eje del reclamo sigue siendo la intervención del Estado para garantizar los puestos de trabajo.
