El oficialismo en la Cámara de Diputados acelera al máximo las negociaciones transversales con las bancadas dialoguistas para lograr la firma del dictamen de mayoría y llevar el proyecto de ley del Presupuesto 2027 al recinto entre el 18 y el 25 de noviembre.
Pese al impasse generado por la histórica visita del papa León XIV al país, la mesa política que integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Cámara baja, Martín Menem, sostiene conversaciones febriles con los gobernadores y los jefes de bloque para asegurar el quórum. En las filas de La Libertad Avanza aspiran a concretar la sesión especial el próximo 18 de noviembre para esquivar el informe de gestión que Santilli debe brindar una semana después en el Senado, aunque para lograr esa meta resulta indispensable sellar los dictámenes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con 24 horas de antelación.
Tensión en la Comisión de Presupuesto y reclamos de las provincias
Los plazos se acortan y las diferencias dentro de la comisión conducida por el libertario Alberto Benegas Lynch no paran de profundizarse. Conseguir el número mágico de 129 diputados que garantice la apertura de la sesión se transformó en una exigencia compleja, ya que los bloques del PRO, la UCR, el MID, Argentina Federal y Provincias Unidas elevaron sus condicionamientos. A los tradicionales reclamos por partidas especiales destinadas a las personas con discapacidad y por el envío de fondos directos para la ejecución de obras públicas, se sumó una variada batería de exigencias normativas paralelas que incluyen la modificación de la Ley de Biocombustibles impulsada por las provincias de Córdoba y Santa Fe.
La presión de los intendentes: impuesto a los combustibles y el Programa Remediar
A la par del frente provincial, los intendentes irrumpieron en la Cámara de Diputados para exigir modificaciones de fondo en la ley impositiva de la Nación. Encabezados por el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, una comitiva de jefes comunales se presentó ante la Comisión de Asuntos Municipales para demandar un nuevo esquema de distribución de los fondos provenientes del impuesto a los Combustibles Líquidos y la restitución de los subsidios destinados al transporte público de pasajeros. En ese mismo ámbito, denunciaron el fuerte recorte del Programa Remediar —dependiente del PAMI—, cuya cobertura cayó de 126 medicamentos esenciales para jubilados a solo seis, demandando su inmediata reactivación.
La brecha universitaria y la agenda legislativa del PRO y la UCR
Uno de los choques presupuestarios de mayor volumen técnico se da en materia de financiamiento educativo superior. El texto enviado por el Poder Ejecutivo contempla un monto global de $7,7 billones para las universidades nacionales durante el ejercicio 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional sostiene que el presupuesto indispensable asciende a los $11 billones. Para zanjar la brecha de $3,3 billones, la bancada radical que encabeza la mendocina Pamela Verasay condiciona su firma a la obtención de compensaciones en esa partida y al compromiso de financiamiento para infraestructura vial federal. En paralelo, el bloque del PRO liderado por Cristian Ritondo enfoca su estrategia en blindar los recursos de coparticipación que le corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y en empujar una baja del IVA del 21% al 10,5% para el sector avícola, en respuesta a un pedido expreso del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio.
La propuesta del peronismo: reparto de ATN por la emergencia de El Niño
Por su parte, el bloque de Unión por la Patria que comanda Germán Martínez presentó una iniciativa propia para intervenir sobre los recursos no liquidados a los estados provinciales. A través de un proyecto elaborado junto al diputado Ariel Rauschenberger, el peronismo propone liberar inmediatamente el 50% de los $2,2 billones acumulados por el Estado nacional en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. La iniciativa busca distribuir $1,1 billones hacia las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires bajo un esquema combinado (25% en partes iguales y 75% por coeficientes de coparticipación) con el objetivo exclusivo de financiar obras preventivas, tareas de emergencia y reconstrucción por los daños generados por las intensas lluvias asociadas al fenómeno climático de El Niño.
Dudas macroeconómicas y la advertencia por la prórroga presupuestaria
La viabilidad del Presupuesto 2027 también se encuentra empañada por las objeciones recaídas sobre sus proyecciones macroeconómicas oficiales, presentadas ante la comisión por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, las cuales estiman un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual acumulada del 18% para diciembre de 2027 y una pauta cambiaria fijada en $1848 por dólar. Consultores económicos como Alejandro Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, advirtieron que dichos números resultan irrealizables y anticiparon que el Ejecutivo podría estar buscando forzar el estancamiento del debate para reconducir nuevamente el presupuesto del año previo, profundizando el ajuste sin el aval de las provincias ni la aprobación parlamentaria.