Ante la inminente salida de la operadora de bandera de la región, la concejal Maite Luque alzó la voz para exigir que los activos inmobiliarios y terrenos que la empresa posee en la ciudad sean transferidos a la administración municipal
La edil sostiene que se trata de un acto de justicia histórica por el aporte de la ciudad a la petrolera y por el impacto ambiental remanente.
Un reclamo basado en la deuda histórica y ambiental
En declaraciones recientes, Luque fue contundente al expresar que los activos que hoy no están afectados directamente a la producción deben quedar bajo la gestión local. La concejal recordó que existen antecedentes normativos, como los ocurridos durante la privatización de los años 90, donde se exigía un inventario para que inmuebles y tierras pasaran al Estado municipal.
Según consignó el medio El Comodorense, la representante legislativa subrayó que Comodoro Rivadavia ha dado mucho a YPF y que, a cambio, ha recibido un pasivo ambiental inmenso. «Estamos un poco cansados de mencionar el pasivo ambiental, como lo vemos con el desplazamiento del Cerro Hermite o los pozos abandonados», enfatizó, remarcando que la transferencia permitiría a la ciudad decidir el uso de esos espacios en beneficio de los vecinos.
El impacto de la salida de la operadora
La preocupación no solo radica en la propiedad de la tierra, sino también en las consecuencias sociales y laborales. Luque advirtió que la retirada de la compañía de la zona afecta a cerca de 700 puestos de trabajo y cuestionó las políticas actuales que permitieron este repliegue de la petrolera de bandera.
Para la edil, la administración de estas tierras por parte del municipio es la única vía para garantizar una urbanización ordenada y una reparación ante los daños ambientales. El objetivo es que la salida de la empresa no deje un vacío territorial, sino una oportunidad de desarrollo para la comunidad comodorense.
