El sector ganadero y los consorcios de remates del sur argentino se encuentran en estado de extrema deliberación tras conocerse la magnitud de la crisis financiera que atraviesa el empresario Andelino Fernández
Originario de la localidad chubutense de Gaiman, Fernández consolidó una posición dominante en el mercado como uno de los principales animadores de las subastas ganaderas de la región, llegando a concentrar hasta el cincuenta por ciento de la hacienda en pie comercializada en diversos puntos del norte patagónico. Hoy, esa centralidad opera como un factor de riesgo para la subsistencia de numerosos criadores.
La señal de alarma se encendió a finales del mes de abril al registrarse las primeras órdenes de pago sin fondos. Desde esa fecha, la escalada de documentos rechazados cobró una dinámica exponencial, acumulando un pasivo millonario que paralizó las transacciones de consignatarios en Río Negro, Neuquén y Chubut. La preocupación cala hondo especialmente en los pequeños y medianos establecimientos rurales, desprovistos de espaldas financieras para absorber acreencias de semejante escala.
Radiografía de una deuda que paraliza los remates regionales
De acuerdo con los informes de bases de datos financieras y comerciales, la firma principal del empresario, Granjas Integradas Santa Inés SA (GISISA), acumula un total de 429 cheques rechazados que totalizan una cifra cercana a los 5.000 millones de pesos. A este pasivo comercial directo con los productores se le añade una acreencia con el sistema bancario institucional que ronda los 18.300 millones de pesos, una estructura crediticia que, llamativamente, todavía figura calificada en «Situación 1» (cumplimiento normal) en los registros del Banco Central de la República Argentina.
El peso específico de Fernández en las ferias rurales del norte patagónico había transformado su presencia en un dinamizador de los precios locales del kilo vivo, logrando posicionar los valores de los lotes hasta un diez por ciento por encima de las referencias corrientes de las plazas del país. El empresario, que gestionaba infraestructuras de engorde a corral (feedlot) en Chubut y en Río Colorado, manejaba un stock de más de 31.000 animales y proveía unas 450 cabezas de ganado semanales a frigoríficos y cadenas de matarifes.
Demandas en Dolavon y bloqueos de hacienda en el Valle
Ante la falta de respuestas directas y la imposibilidad de entablar canales de comunicación con el titular de la firma, los productores damnificados iniciaron las primeras presentaciones en el ámbito de los tribunales civiles del Valle Inferior del Río Chubut. Debido a que el domicilio legal de la empresa se encuentra radicado en la localidad de Dolavon, las acciones judiciales se centralizan en esa jurisdicción.
Las estrategias legales de los acreedores apuntan a resguardar los activos remanentes antes de una eventual apertura de concursos. Las demandas presentadas formalmente ante los magistrados locales incluyen pedidos de inhibición general de bienes, el congelamiento preventivo de las cuentas bancarias de la sociedad y una solicitud clave ante los organismos sanitarios oficiales para suspender el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA). Esta última medida busca impedir el visado de las guías de tránsito y frenar de forma absoluta cualquier movimiento o traslado de animales desde los campos de engorde.
El plan corporativo para intentar reestructurar el pasivo
Frente al adverso escenario judicial y el malestar de las asociaciones rurales, Andelino Fernández rompió el silencio y manifestó su intención de honrar la totalidad de los compromisos contraídos con los productores. El operador argumentó que el cuello de botella se originó a partir de deudas cruzadas por 3.800 millones de pesos que terceras compañías mantienen con su grupo empresarial, aclarando que el ochenta por ciento de esas deudas pendientes corresponden a unidades de negocios conexas que exceden el marco de la producción cárnica tradicional.
El titular de GISISA detalló que, con el propósito de evitar el pedido de quiebra o la apertura formal de una convocatoria de acreedores, se encuentra implementando un programa sólido de refinanciación privada, el cual ya habría sido acercado al setenta por ciento de los principales acreedores comerciales. Asimismo, el empresario aseguró haber adquirido un lote de 1.000 terneros para sostener el ciclo de engorde en los corrales y garantizar la provisión de alimento balanceado con los molinos proveedores, buscando dar una señal de continuidad operativa que modere el escepticismo generalizado que predomina en los escritorios ganaderos del sur del país.