Régimen Penal Juvenil: el Gobierno impulsa la baja de imputabilidad.
El escenario político argentino se encamina a un debate de alto voltaje legislativo. Con el inicio de las sesiones extraordinarias de febrero de 2026, el Gobierno Nacional ha ratificado su decisión de avanzar con la reforma del Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central es la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
La iniciativa, que ya ingresó a la Cámara de Diputados, busca dar respuesta a una demanda social creciente tras hechos de violencia extrema protagonizados por menores de edad, planteando una reconfiguración profunda del sistema de justicia para adolescentes en todo el territorio nacional.
El caso Jeremías Monzón como emblema del reclamo social
La discusión parlamentaria cobra un nuevo impulso tras el desgarrador asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años emboscado y ultimado de 23 puñaladas en Santa Fe por un grupo de menores. Según La Opinión Austral, la senadora Patricia Bullrich mantuvo un encuentro con la madre de la víctima para garantizarle que este hecho no quedará en el olvido y servirá como caso testigo en el Congreso.
«No podemos seguir teniendo Jeremías que sean asesinados por otros menores que luego vuelven a su casa como si nada», afirmó la legisladora, subrayando el sadismo con el que se ejecutó el ataque, el cual fue incluso filmado por los agresores.
Actualmente, de los tres implicados en el crimen de Monzón, solo una joven de 16 años permanece detenida, mientras que los otros dos participantes, de 14 y 15 años, son considerados inimputables bajo la Ley 22.278 vigente desde 1980. Esta asimetría legal es la que el oficialismo pretende erradicar, argumentando que el sistema actual resulta «obsoleto» y no ofrece una respuesta penal acorde a la gravedad de los delitos cometidos, especialmente aquellos planificados con alevosía y difundidos en plataformas digitales.
Consenso político y visiones contrapuestas en el Congreso
Para lograr la aprobación del proyecto, La Libertad Avanza ha debido tejer alianzas estratégicas con bloques del PRO, la UCR y el MID. Si bien el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había barajado inicialmente la posibilidad de bajar la edad a los 13 años debido a informes estadísticos de 2024, el consenso con los aliados se cerró finalmente en los 14 años.
Este número es vital para alcanzar el quórum necesario en Diputados y transformar la propuesta en ley en el corto plazo, estableciendo un sistema que, aunque punitivo, promete mantener un foco en la reinserción social diferenciada de los jóvenes.
Por otro lado, la iniciativa enfrenta una resistencia férrea de organizaciones como UNICEF y el CELS, además de sectores de la Iglesia, quienes advierten sobre la violación del principio de «no regresividad» en materia de derechos humanos.
Los críticos sostienen que la infraestructura actual de los institutos de menores no está preparada para un proceso de resocialización efectivo y que bajar la edad de imputabilidad contradice tratados internacionales con jerarquía constitucional. A pesar de estas advertencias, el Gobierno marcha a paso firme, respaldado por gobernadores como Maximiliano Pullaro, quien sentenció que «un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor».