Giro en patentes farmacéuticas: Argentina busca modernizar el acceso a terapias innovadoras.
Argentina ha dado un paso decisivo en la reconfiguración de su mercado de salud tras la derogación de la normativa 118/12, una regulación que desde hace más de una década imponía criterios restrictivos para el otorgamiento de patentes de medicamentos. A través de una resolución conjunta de los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Gobierno nacional busca eliminar trabas técnicas y alinear al país con los estándares internacionales de propiedad intelectual para facilitar la llegada de tratamientos de última generación.
Modernización del sistema y fin de las restricciones técnicas
La reforma elimina un extenso decálogo de requisitos que, según las autoridades actuales, funcionaba como un freno para la innovación. A partir de ahora, el INPI recupera la potestad de evaluar cada solicitud de manera individual, basándose en los criterios universales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, calificó la medida como una «mejora trascendental», señalando que la normativa anterior hacía «casi imposible» obtener una patente en el país, lo que demoraba años la llegada de terapias críticas.
El nuevo esquema legal garantiza, además, que los medicamentos que ya se comercializan en el mercado local no sufran interrupciones. La resolución establece que los titulares de nuevas patentes no podrán impedir la continuación de la venta de productos actuales ni exigir cobros retroactivos, brindando seguridad tanto a los pacientes como a los financiadores del sistema de salud.
El debate entre laboratorios nacionales y transnacionales
La medida generó reacciones contrapuestas en las dos cámaras más importantes del sector. Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a laboratorios transnacionales, celebraron la decisión como un avance hacia la «seguridad jurídica y la previsibilidad». Para CAEME, la actualización del marco normativo es fundamental para promover la inversión en investigación y desarrollo (I+D) y asegurar que los avances científicos globales lleguen a los pacientes argentinos sin dilaciones.
Por el contrario, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), representante de los capitales nacionales, manifestó su cautela. Si bien valoraron que el Gobierno excluyera la extensión de plazos de patentes en negociaciones con Estados Unidos, advirtieron sobre el riesgo del evergreening. Este concepto refiere a patentes que protegen innovaciones menores en fármacos ya conocidos solo para preservar monopolios. CILFA destacó que la competencia de genéricos y biosimilares genera ahorros superiores a los 3.300 millones de dólares anuales, permitiendo que obras sociales y prepagas amplíen su cobertura.
Impacto en el sistema de salud y la competencia
El Ministerio de Desregulación sostiene que esta apertura posiciona a la Argentina en el mapa global de la propiedad intelectual, facilitando la integración en cadenas de valor junto a potencias como Estados Unidos y la Unión Europea. El objetivo final es que el INPI realice un análisis riguroso que premie las «auténticas innovaciones» pero que, al mismo tiempo, evite bloqueos artificiales que encarezcan los tratamientos.
La apuesta oficial es que una mayor protección de la propiedad intelectual atraiga inversiones de riesgo en biotecnología, mientras que la industria nacional presiona para que la rigurosidad científica del INPI impida que el nuevo sistema se convierta en una barrera para el acceso a medicamentos genéricos de bajo costo, esenciales para la sostenibilidad del sistema sanitario.
