Acuerdo con buitres frena embargo a empresas.
El Estado argentino logró poner un freno a una de las amenazas financieras más agresivas de los últimos años al alcanzar un principio de acuerdo con Attestor Master Value y Bainbridge Fund. Estos fondos buitre, que cobraron notoriedad internacional tras confiscar la Fragata Libertad en Ghana durante 2012, mantenían sentencias firmes a su favor por los bonos soberanos caídos en el default de 2001. Con este movimiento judicial, las partes coincidieron en poner en suspenso las exigencias de embargo que pesaban sobre el país.
Los detalles de esta tregua legal fueron formalizados el martes por la noche mediante escritos presentados ante la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York, la misma magistrada que lleva adelante el polémico caso por la irregular expropiación de YPF en 2012. Según Clarín, ambos demandantes acordaron dividirse de forma no detallada el colateral de los Bonos Brady que habían adquirido y que se encontraban embargados a la República, actualmente depositados en la Reserva Federal. Como consecuencia directa de este pacto, solicitaron a la jueza la suspensión de la causa.
Freno a la avanzada contra el patrimonio estatal
El congelamiento del litigio desactiva una bomba de tiempo para el patrimonio nacional. Bainbridge Fund había presentado el pasado 17 de octubre un pedido formal para que se le entregara la participación de la República en el Banco Nación y en Aerolíneas Argentinas como forma de cobro, exigencia que ahora queda paralizada hasta que finalice el acuerdo de conciliación.
La agresividad de estos holdouts por cobrar sus sumas millonarias no se detenía allí. Durante el año pasado, en su afán por avanzar sobre los activos argentinos, se hicieron eco de la causa de YPF y presentaron una solicitud bajo la figura de «me too» («yo también»), con el objetivo de cobrar sus indemnizaciones utilizando directamente las acciones de la petrolera de mayoría estatal.
El último resabio del default de 2001
Estos fondos representan el núcleo duro que se negó sistemáticamente a ingresar en los sucesivos canjes de deuda ofrecidos por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en 2005 y 2010, así como en el esquema propuesto por Mauricio Macri en 2016. A pesar de que la Argentina había logrado más de un 95% de aceptación entre los tenedores de deuda en default, este remanente mantuvo viva su demanda en los tribunales neoyorquinos.
La historia reciente marca que en abril de 2016, la gestión macrista desembolsó US$ 9.300 millones para acordar con un grupo de holdouts. Esa decisión —que implicó la emisión de bonos Globales que luego en 2020 el exministro Martín Guzmán reestructuró junto a los títulos de los canjes previos— permitió que el fallecido juez Thomas Griesa levantara las cautelares. De esa manera, el país logró salir del default técnico y se eliminaron juicios en Nueva York. Sin embargo, el conflicto con Attestor y Bainbridge había quedado como una cuenta pendiente que recién hoy entra en vías de resolución.