Caso Agostina Páez: el análisis legal que aclara por qué la argentina «no está absuelta».
El proceso judicial contra Agostina Páez, la ciudadana argentina acusada de racismo en Brasil, ha tomado un giro técnico que generó confusiones sobre su libertad. En una entrevista para LN+, el abogado penalista Gastón Francone desmenuzó la situación actual de la joven, advirtiendo que, si bien hubo un cambio favorable en la calificación del delito, la acusación de responsabilidad penal sigue plenamente vigente.
A continuación, los puntos clave para entender el estado real del expediente en Río de Janeiro:
1. Reconfiguración, no absolución
Francone fue enfático al señalar que el reciente movimiento en los tribunales brasileños responde a una estrategia técnica acordada entre la defensa y la fiscalía.
- El mecanismo: Se pactó un cambio de calificación legal con la validación del juez.
- El objetivo: Ajustar la posible sanción a una escala más «proporcional» a la acción cometida, alejándola de las penas máximas iniciales.
- La realidad: «No está absuelta», aclaró el letrado, explicando que el proceso continúa su curso bajo una figura legal menos gravosa.
2. De 15 años a una pena «equilibrada»
Uno de los mayores alivios para la defensa fue reducir la expectativa de la condena. Inicialmente, Páez enfrentaba una posible pena de hasta 15 años de prisión, algo que Francone calificó como «una locura insostenible» para los hechos investigados. Con el nuevo encuadre, la sanción esperada se ajusta a derecho sin perder el carácter punitivo.
3. La millonaria indemnización solicitada
A pesar de la baja en la calificación del delito, la presión económica sobre la imputada es significativa. La fiscalía ha solicitado que Páez indemnice a las víctimas como parte del acuerdo de resolución:
- Monto por persona: u$s 50.000.
- Total de afectados: 3 personas.
- Cifra final: u$s 150.000.
Agostina Páez se presentó recientemente en el Consulado argentino en Río de Janeiro acompañada por su equipo legal. Aunque el cambio de estrategia permite una salida judicial menos severa en términos de años de cárcel, la obligatoriedad de resarcir económicamente a los afectados marca la pauta de que la justicia brasileña mantiene el reconocimiento del daño causado por las expresiones racistas.