Ley Hojarasca: el plan para barrer con leyes obsoletas.
Tras perder estado parlamentario en 2024 debido a la falta de tratamiento, el Gobierno nacional vuelve a la carga en el Congreso con la denominada «Ley Hojarasca». Esta iniciativa, delineada por el ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene como objetivo principal erradicar decenas de normativas y regulaciones burocráticas consideradas anticuadas y perjudiciales para el dinamismo económico del país.
Detrás de este pintoresco nombre, el proyecto esconde un interés profundo y concreto: limpiar el digesto legislativo argentino de todas sus impurezas y excesos normativos.
El diagnóstico del exceso normativo
Durante los últimos meses, el equipo liderado por Sturzenegger se abocó a una revisión exhaustiva de todo el marco normativo vigente en Argentina desde el año 1864 hasta la actualidad. Los fundamentos del proyecto explican la magnitud de este trabajo:
“La tarea lejos de ser engorrosa sirvió para visibilizar el exceso normativo que se fue acumulando a lo largo de la historia y para advertir su falta de sentido. En algunos casos, por haberse cumplido su objeto, por haber sido superadas esas regulaciones por nuevas prácticas, por nuevas tecnologías, o por haber cambiado las circunstancias geográficas, sociales, económicas o por la sanción de leyes posteriores”.
A partir de este diagnóstico, el texto oficial subraya que “como resultado de esta tarea se advierte la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por haber sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”.
En consecuencia, el Gobierno justifica la iniciativa afirmando: “Por ello, el proyecto de ley que se acompaña resulta de una revisión legislativa que apunta a eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales”.
Un cambio de paradigma: de la prohibición a la libertad
El proyecto del Poder Ejecutivo no solo busca borrar leyes, sino que propone una profunda inversión de la lógica jurídica impuesta por “las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX”. Según esta visión histórica que el oficialismo busca desterrar, “se presume que todo está prohibido, salvo lo que está expresamente permitido”.
Para contrarrestar esto, los autores se amparan en el artículo 19 de la Constitución Nacional, el cual establece que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Bajo este paraguas constitucional, el proyecto afirma tajantemente que “para los individuos, todo está permitido, salvo lo expresamente prohibido”, concluyendo que “por ende, debe regir un principio de máxima libertad y no de máximo control”.
Las 6 motivaciones para la derogación de normas
El equipo de Transformación del Estado clasificó las leyes a eliminar en seis grandes grupos, basándose en los siguientes criterios:
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a) Leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad.
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b) Leyes que eliminan trámites inútiles y sin sentido.
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c) Leyes que fueron mejoradas o superadas por otras leyes posteriores.
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d) Leyes que obsoletas por los cambios tecnológicos.
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e) Leyes que definían obligaciones para instituciones que ya no existen.
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f) Leyes que crean organismos con financiamiento público.
A continuación, el detalle de las principales normativas que la Ley Hojarasca busca derogar:
Leyes que afectan libertades
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Ley N° 14.034 (1951): Impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país.
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Ley N° 18.312 (1969): Controla la disponibilidad de papel de diario.
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Ley N° 19.787 (1972): Obliga a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar.
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Ley N° 20.120 (1973): Obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar.
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Ley N° 20.959 (1975): Otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento.
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Ley N° 20.983 (1975): Los medios quedaban obligados a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.
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Ley N° 22.964 (1983): Esta ley permite la internación forzosa de enfermos de lepra.
Leyes superadas o mejoradas
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Ley N° 94 (1864): Inhabilita por 10 años a la autoridad que haga azotar a una persona.
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Ley N° 17.557 (1967): Versa sobre la instalación de equipos de rayos X para la seguridad.
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Ley N° 20.843 (1974): Instaura figura de “Padrinazgo Presidencial” del séptimo hijo.
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Ley N° 22.109 (1979): Esta norma sobre la vacunación de la viruela ha sido superada por la Ley N° 27.491 que establece el plan integral de vacunación.
Leyes obsoletas por el avance de la tecnología
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Ley N° 448 (1870): Premio a quien descubra una mina de carbón.
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Ley N° 18.569 (1970), Ley N° 20.114 (1973) y Ley N° 23.756 (1989): Implanta el uso del procedimiento de microfilmación para todo tipo de documentación en el Ejército, la Armada y el Ejecutivo.
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Ley N° 19.648 (1972): Declara de interés nacional la explotación de carbón mineral.
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Ley N° 21.895 (1978): Autoriza las emisiones de televisión en color.
Leyes que implicaban trámites inútiles
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Ley N° 14.800 (1959): Obliga a quien demuela un teatro a construir en el mismo predio otro con características similares.
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Ley N° 19.340 (1971): Obliga a los propietarios que interrumpen una construcción a reportar dicha interrupción.
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Ley N° 20.876 (1974): Declara de interés nacional a la apicultura.
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Ley N° 21.056 (1975): Fuerza a las compañías de medios de transporte de media y larga distancia a exhibir material promocional del turismo.
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Ley N° 22.426 (1981): Esta ley obliga a que toda transferencia de tecnología o marcas sean aprobadas por el Estado.
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Ley N° 22.963 (1983): Esta ley obliga a tener autorización estatal para el uso de mapas de Argentina para cualquier fin.
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Ley N° 24.127 (1992): Instituye un “Premio Nacional a la calidad” en el sector privado y en la administración pública.
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Ley N° 24.960 (1998): Instituye el premio «Prevención de las Adicciones».
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Ley N° 25.750 (2003): Esta ley establece que la propiedad de los medios de comunicación deberá ser de empresas nacionales, limitándose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario.
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Ley N° 26.227 (2007): Crea el Consejo Federal de la Juventud.
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Ley N° 26.688 (2011): Declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos.
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Ley N° 27.171 (2015): Establece el registro del año de nacimiento y matrícula de las palomas mensajeras de carrera.
Leyes sobre organismos financiados con fondos públicos
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Ley N° 20.984 (1975): Crea el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.
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Ley N° 24.807 (1997): Crea la Federación Argentina de Municipios.
En definitiva, este segundo intento legislativo pone a prueba la capacidad del oficialismo para articular consensos y avanzar hacia una desregulación profunda de la estructura burocrática del Estado argentino.