Fallo por YPF: el PRO asegura que la Justicia de EE. UU. tomó sus argumentos de 2017.
El partido PRO, presidido por Mauricio Macri, celebró este viernes la resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que anuló la condena de USD 16.000 millones contra Argentina por la expropiación de YPF. A través de un comunicado oficial, la fuerza política reivindicó su postura histórica y sostuvo que el tribunal estadounidense validó los fundamentos que el espacio planteó hace casi una década.
Reivindicación histórica y críticas al kirchnerismo
Desde el PRO recordaron que fueron el único bloque que se opuso a la estatización de la petrolera en 2012, advirtiendo sobre las posibles consecuencias legales internacionales. “Se cayó un fallo absurdo de USD 16.000 millones. La Cámara tomó los argumentos que el PRO planteó en 2017 y que durante muchos años el kirchnerismo eligió ignorar”, expresaron desde el partido.
El comunicado enfatizó que la diferencia entre las gestiones radica en «decisiones que cuestan miles de millones y convicciones que protegen a los argentinos». Según el macrismo, la estrategia de defensa que finalmente prosperó en los tribunales de Estados Unidos coincide con la línea jurídica que ellos mismos intentaron impulsar durante su paso por el Gobierno nacional, contrastándola con lo que calificaron como una «expropiación improvisada».
Ritondo contra Kicillof: «La locura es total»
El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, también se pronunció al respecto con fuertes críticas hacia el gobernador bonaerense y exministro de Economía, Axel Kicillof. El legislador cuestionó que los sectores vinculados al anterior gobierno intenten adjudicarse el resultado favorable del juicio.
“La locura es total. Resulta que los que dejaron al país al borde de un juicio millonario y que encima no avanzaron en su defensa durante el peor gobierno de la historia, se quieren apropiar de esta victoria”, disparó Ritondo. Con estas declaraciones, el diputado se alineó con la postura del Ejecutivo nacional, señalando la responsabilidad política de quienes lideraron el proceso de estatización en 2012 y la posterior estrategia legal en los tribunales de Nueva York.