El Gobernador de Chubut se refirió al video que involucra al abogado Castro, donde se menciona el pago de una millonaria suma a cambio de una rebaja en una pena judicial
Torres respaldó la actuación de la Procuración y exigió que se llegue a la verdad para dar tranquilidad a la ciudadanía.
En medio de un clima de fuerte tensión institucional, el gobernador Ignacio Torres se pronunció sobre el escándalo que sacude los cimientos del sistema judicial y político de la provincia. La controversia surgió tras la difusión de un video donde el abogado Castro habría solicitado la suma de 12 millones de pesos, alegando influencias directas sobre fiscales y magistrados para obtener beneficios procesales.
Torres calificó el hecho, en términos directos, como una muestra de un abogado «chapeando» alardeando de sus supuestos vínculos con quienes deben decidir las condenas. «Es un video que claramente da muestra de un abogado diciendo que conoce al fiscal y a quien tiene que decidir», señaló el mandatario.
Respaldo a la Justicia
El gobernador fue enfático al respaldar las medidas tomadas por el Procurador General, destacando que se puso a disposición de la justicia de manera inmediata. Según Torres, la justicia ya cuenta con todos los elementos necesarios —nombres y evidencia— para avanzar en la investigación.
»Yo celebro la decisión de la Procuración y de los implicados de haberse vindicado para que se sepa la verdad», afirmó Torres. Para el Ejecutivo provincial, el objetivo no es solo un resultado judicial, sino garantizar que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones.
¿Por qué no debemos tomar este caso con liviandad?
La filtración que involucra a Castro no es un «chisme» de pasillo ni un simple exceso de verborragia profesional; es un síntoma de una enfermedad institucional que, de no atacarse, puede ser terminal para la confianza pública. He aquí por qué la gravedad es extrema:
La mercantilización de la libertad: Cuando un abogado pone precio a la decisión de un fiscal o un juez (los famosos 12 millones), está enviando un mensaje devastador: la justicia en Chubut tiene dueño y tarifa. Esto anula el principio de igualdad ante la ley.
El tráfico de influencias como moneda de cambio:
El concepto de «chapear» con conocidos dentro del Poder Judicial erosiona la meritocracia y la transparencia. Si el resultado de una condena depende de «quién conoce a quién», el sistema deja de ser judicial para convertirse en un mercado de favores.
Crisis de credibilidad:
Como bien señala Torres, la ciudadanía necesita «tranquilidad». En un contexto social frágil, la sospecha de que las condenas se compran o se venden genera un sentimiento de desprotección que alimenta la anomia social y el desprecio por la democracia.
Urgencia de una «vindicación» real:
El gobernador menciona que los implicados se han vindicado, pero la sociedad exige que esa vindicación no sea un mero trámite administrativo, sino una investigación profunda que llegue hasta las últimas consecuencias.
Este caso debe ser el límite. La justicia debe actuar con una celeridad y rigurosidad ejemplares. Si este hecho se diluye en el tiempo sin responsables claros, el mensaje será que la corrupción es el sistema, y no la excepción.