La organización ambientalista presentó una medida cautelar para que se garantice la participación oral de los 100 mil inscriptos en las audiencias públicas que se realizarán el miércoles y jueves en la Cámara de Diputados. El oficialismo estableció que solo 400 personas expondrán, mientras que el resto deberá enviar su ponencia por escrito o en un video de 5 minutos. Greenpeace advierte que el mecanismo es «incompatible con los estándares de participación pública».
La ley de Glaciares volvió a estar en el centro de la tormenta política y judicial. A dos días de las audiencias públicas convocadas en la Cámara de Diputados para debatir la reforma aprobada por el Senado, la organización ambientalista Greenpeace presentó un recurso judicial para frenar el mecanismo que estableció el oficialismo y que, según denuncian, impedirá la participación oral de la gran mayoría de los inscriptos.
La causa recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7, subrogado actualmente por Enrique V. Lavié Pico, que deberá decidir si acepta el pedido. Si así lo hiciera, desde el Congreso advierten que se necesitarían 500 días para realizar las audiencias con la totalidad de los expositores.
El mecanismo que desató la polémica
La resolución de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoráz, estableció que las audiencias se realizarán en dos jornadas:
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Miércoles 25 de marzo: audiencia presencial, donde expondrán los primeros 200 inscriptos de cada provincia.
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Jueves 26 de marzo: audiencia virtual, donde expondrán otros 200 participantes.
El resto de los más de 100 mil inscriptos quedará excluido de la participación oral. Solo podrán enviar su ponencia por escrito o subir un video de 5 minutos a YouTube, una modalidad que Greenpeace considera «incompatible con los estándares más elementales de participación pública».
El pedido de Greenpeace: suspender y readecuar
En el escrito judicial, Greenpeace pide que se ordene «al Congreso de la Nación garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones» sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.
La organización solicita «la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas».
También pide que «se requiere que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral –como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube– por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública».
Además, solicitó la designación de veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presenciales como virtuales, a fin de garantizar su adecuada realización conforme a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú.
Las dos miradas: 500 días vs. un criterio intermedio
Fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que si se acepta el pedido de Greenpeace y se permite la participación oral de los 100 mil inscriptos, se necesitarían 500 días para completar las audiencias. Un número imposible de gestionar en los plazos legislativos.
Desde la oposición, en cambio, señalaron que se necesita un criterio intermedio entre las 400 personas que propone el oficialismo y los 100 mil que reclama la organización ambientalista. La discusión de fondo es política: la reforma de la ley de Glaciares fue aprobada por el Senado y ahora debe tratarse en Diputados, donde el oficialismo busca darle sanción definitiva.
La ley de Glaciares en el centro del debate
La ley de Glaciares, sancionada en 2010, es considerada una de las normas ambientales más importantes del país. Prohíbe la actividad minera y la exploración petrolera en glaciares y zonas periglaciares. La reforma impulsada por el oficialismo busca flexibilizar esas restricciones, generando un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición.
La audiencia pública es un paso clave en el proceso legislativo, y la discusión sobre cómo se realiza no es menor. Greenpeace advierte que limitar la participación oral a solo 400 de los 100 mil inscriptos es una forma de cercenar el debate y avasallar los derechos de participación ciudadana.