Luis López responsabiliza a la funcionaria del Servicio de Protección por su intervención en la restitución del menor a su madre. «Ángel murió de a golpes durante diez días, en el hogar al que el Estado lo había devuelto», sostiene la durísima denuncia.
A un mes de la muerte de Ángel López, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia, la causa judicial suma un nuevo capítulo que profundiza la polémica y el dolor. El padre del menor, Luis López, presentó una denuncia penal contra Jennifer Leiva, una psicóloga integrante del Servicio de Protección de Derechos del Niño, a quien responsabiliza por su intervención en el proceso que derivó en la restitución del menor a su madre, Mariela Altamirano.
La denuncia es contundente: la acusa de presunto incumplimiento de deberes de funcionaria pública y abandono de persona seguido de muerte. Mientras tanto, la mediática Cinthia Fernández difundió audios en redes sociales que, según ella, comprometen gravemente a la funcionaria.
Una denuncia que sacude al sistema: «Ángel no murió de una sola vez. Murió de a golpes durante diez días»
El escrito judicial presentado por Luis López es lapidario. «Ángel no murió de una sola vez. Murió de a golpes durante diez días, en el hogar al que el Estado lo había devuelto», sostiene uno de los pasajes más duros de la presentación.
El documento señala que los informes técnicos elaborados por la psicóloga Leiva habrían omitido antecedentes de violencia, lo que habría influido directamente en la decisión judicial de restituir al niño al cuidado de su madre. «Sin esos informes, sin esa omisión de seguimiento, el niño no habría estado en ese hogar», remarca la denuncia.
Pruebas omitidas y advertencias ignoradas: la voz del niño que fue borrada
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es la presunta exclusión de pruebas clave. Según el padre, se presentó un video en el que el pequeño Ángel expresaba miedo y rechazo a volver con su madre. Pero algo peor ocurrió: «la voz del niño fue borrada del informe técnico».
Además, el escrito denuncia que no se incluyeron antecedentes de maltrato, lo que constituye —según la acusación— una «supresión de evidencia relevante para evaluar el riesgo». Una omisión gravísima que, de ser probada, dejaría al descubierto una falla institucional imperdonable.
También se menciona un episodio previo en el que el padre habría advertido sobre el peligro: «Ya se van a dar cuenta cuando maten a mi hijo», habría dicho. Según consta en la denuncia, recibió como respuesta un comentario sarcástico por parte de la profesional.
Cinco meses sin controles: el abandono institucional que permitió la tragedia
Otro eje central de la denuncia es la ausencia de seguimiento institucional. Durante cinco meses, sostiene el padre, no se habrían realizado visitas domiciliarias ni controles efectivos sobre el hogar al que Ángel fue devuelto.
«Esa omisión es el núcleo del abandono agravado», indica el texto, que plantea que una intervención mínima podría haber detectado la situación de riesgo y salvado la vida del niño.
Incluso se menciona un episodio en el Hospital Regional, donde el niño fue internado en estado crítico, en el que la funcionaria habría impedido el ingreso de familiares y luego abandonado el lugar. Una conducta que, de ser cierta, agravaría aún más su situación judicial.
Cinthia Fernández irrumpió con audios y sumió presión: «Tiene que estar presa»
El caso tomó mayor visibilidad tras la difusión de audios y videos en redes sociales por parte de la mediática Cinthia Fernández, quien aseguró que el material compromete a la funcionaria denunciada. En los registros, se escuchan fragmentos de conversaciones entre el padre y la psicóloga que generaron fuerte repudio.
«Tiene que estar presa», sostuvo Fernández, quien además cuestionó que no se haya tenido en cuenta la voz del niño. La panelista de televisión utilizó su masiva exposición mediática para poner el foco en la causa y presionar para que se investigue a fondo el rol de la funcionaria.
La causa penal avanza: dos detenidos y una movilización para exigir justicia
Por el crimen de Ángel permanecen detenidos Mariela Altamirano, madre del niño, y su pareja, Michel González, ambos imputados como principales sospechosos. Los dos cumplen prisión preventiva por seis meses mientras avanza la investigación. Altamirano fue trasladada al Instituto Penitenciario Provincial de Trelew, mientras que González permanece alojado en una dependencia policial en Comodoro Rivadavia.
En medio del dolor y la indignación, familiares del menor convocaron a una movilización para este martes a las 20 horas en la Escuela N° 83, sobre avenida Rivadavia. La convocatoria busca exigir justicia y visibilizar lo que consideran una cadena de fallas institucionales.
Durante el fin de semana, la ciudad amaneció con afiches que mostraban el rostro del niño y de los acusados, con un mensaje contundente: piden prisión perpetua para los responsables y cuestionan las decisiones que permitieron que Ángel regresara al cuidado de su madre.
Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales de la psicóloga Jennifer Leiva ni de los organismos involucrados, mientras la causa continúa en plena etapa investigativa. La Justicia deberá determinar ahora si la funcionaria tuvo responsabilidad directa en la tragedia o si, por el contrario, su accionar estuvo dentro de los márgenes de la ley.