La Secretaría de Agricultura cerró el programa que nunca cumplió sus metas y cortó la financiación forzosa que regía desde 2004. COVIAR sigue existiendo, pero tendrá que rendir cuentas en tres meses.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió a dar una mala noticia para la burocracia vitivinícola, pero una buena para los bolsillos de los productores. El Gobierno nacional dispuso el cierre del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y decidió el cese inmediato de las contribuciones obligatorias que los establecimientos vitivinícolas pagaban para financiar este programa.
La medida fue comunicada a través de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este martes en el Boletín Oficial.
Se acabó la vaca: eliminan las contribuciones obligatorias que pagaba toda la cadena vitivinícola
El ministro Federico Sturzenegger fue claro y contundente al explicar el alcance de la medida. Desde 2004, explicó, «todas las bodegas y productores del país pagaban una contribución obligatoria por elaborar, por embotellar y por vender».
La lista de impuestos paralelos era extensa: «Los tres pagaban por cada litro elaborado de vino y mosto, por cada litro embotellado de vino, por cada litro vendido de mosto, y por cada kilo de uva que ingresaba a los establecimientos procesadores».
El ministro señaló que «ese tributo no iba al Estado sino que iba a financiar a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), una entidad conducida por el sector privado y cuyo objetivo era implementar el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI)». En criollo: los propios productores financiaban obligatoriamente a una entidad privada. Un círculo vicioso que el Gobierno decidió cortar de raíz.
El PEVI prometía y no cumplió: los números que nunca llegaron
Sturzenegger no se guardó nada y expuso los fracasos del plan. Según sus declaraciones, «el PEVI prometía posicionar a la Argentina entre las industrias vitivinícolas más destacadas del mundo, alcanzar exportaciones por USD 2.000 millones anuales y capturar el 10% del volumen del comercio mundial de vinos para el año 2020».
El ministro fue lapidario: dijo que este objetivo no se cumplió. El plan, que originalmente tenía un horizonte temporal de 15 años desde su implementación, culminó formalmente en 2020. Pero la estructura recaudatoria siguió vigente durante seis años más, hasta que el Gobierno de Javier Milei decidió ponerle fin.
El texto oficial de la resolución fundamenta que, al haberse cumplido el plazo, «corresponde declarar la finalización de las contribuciones obligatorias» y de cualquier otra fuente de financiamiento público nacional, debido a que terminó la finalidad que motivó su creación.
COVIAR no se disuelve, pero tendrá que rendir cuentas: informe en tres meses
A pesar del cierre del plan, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) no desaparece. La resolución especifica que «esto no implicará la disolución ni liquidación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), la cual seguirá existiendo» bajo los términos de la ley que la creó.
Sin embargo, la Secretaría de Agricultura dejó en claro un punto clave: COVIAR no tiene facultades para resolver unilateralmente una prórroga del plan estratégico. La decisión del Gobierno es terminal.
A partir de esta decisión, la COVIAR dispone de un plazo de tres meses para presentar un informe final que incluya el rendimiento de cuentas, el uso de recursos y el grado de cumplimiento de las metas originales. Los fondos remanentes que queden tras el cierre se transferirán al patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Según el documento, la decisión busca evitar un enriquecimiento sin causa al finalizar el programa con recursos todavía disponibles.
El fin de una era: Sturzenegger sigue con su motosierra en el vino
La eliminación del PEVI y de las contribuciones obligatorias es un nuevo capítulo en la cruzada de Federico Sturzenegger contra los regímenes sectoriales que, según su visión, distorsionan la economía y obligan a los privados a financiar estructuras innecesarias.
El ministro de Desregulación ya había avanzado sobre otros sectores y ahora puso la mira en el vino. El gesto es claro: el Gobierno no solo no va a crear nuevos impuestos, sino que va a eliminar los que ya existen, aunque tengan dos décadas de vigencia.
Para las bodegas y los productores, la noticia es un alivio financiero. Para COVIAR, un llamado de atención. Y para Sturzenegger, una nueva medalla en su carrera por desarmar lo que considera «curros» del Estado.