Ley de Glaciares: oficialismo limita oradores en las audiencias.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares entra en una etapa de definiciones logísticas que ya genera fuertes chispazos en el Congreso de la Nación. El bloque de La Libertad Avanza, que preside las comisiones estratégicas para este tratamiento, confirmó que las audiencias públicas se llevarán a cabo los días 25 y 26 de marzo, tal como estaba previsto. Sin embargo, la novedad que despertó el malestar de la oposición es la drástica restricción en la modalidad de participación, limitando las exposiciones en vivo a una ínfima fracción de los inscriptos.
Ante la masiva convocatoria que alcanzó a 50 mil interesados, las autoridades parlamentarias decidieron que solo unos 200 oradores podrán expresarse de manera directa. Según Noticias Argentinas, el oficialismo estableció que se invitará de forma presencial para la primera jornada y virtual para la segunda únicamente a los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones del país. De esta manera, el grueso de los participantes deberá conformarse con enviar ponencias por escrito o videos que no superen los cinco minutos de duración.
Un esquema de participación con cupos federales
La resolución, rubricada por los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, justifica esta medida bajo el argumento de que la magnitud de los registros torna «materialmente imposible» la escucha presencial de todos los ciudadanos sin paralizar la actividad legislativa. El documento oficial aclara que se busca asegurar una «adecuada participación federal», garantizando que al menos representantes de todas las provincias tengan voz en el plenario. No obstante, las fuerzas opositoras del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas ya adelantaron su rechazo, exigiendo una ampliación del cronograma.
Quienes no logren ingresar en el selecto grupo de los 200 oradores —100 presenciales el miércoles y 100 vía Zoom el jueves— tendrán tiempo hasta el viernes 20 de marzo a las 20:00 horas para remitir sus posturas. Estas podrán subirse a la «Comunidad» del canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo insisten en que este mecanismo es una práctica habitual que permite procesar todas las opiniones recibidas sin afectar los plazos que reclaman los gobernadores aliados para destrabar inversiones mineras.
El conflicto político tras la reforma ambiental
El fondo de la discusión no es solo reglamentario, sino profundamente político y económico. Mientras un conjunto de mandatarios provinciales presiona por la sanción de la reforma para impulsar proyectos extractivos, diversos sectores sociales y ambientales denuncian un retroceso en la protección de los recursos hídricos. La oposición critica que el sistema de «videos y escritos» impide un debate sustantivo y dinámico, reduciendo la audiencia pública a un mero trámite administrativo para avanzar con el dictamen de mayoría.
A pesar de las quejas, el Plan de Trabajo se mantiene firme. Todas las presentaciones, independientemente de su formato, serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes. El oficialismo confía en que este criterio organizativo permitirá un «debate ordenado», mientras que la oposición advierte que la restricción de la presencialidad le resta legitimidad a una reforma que impacta directamente sobre el ecosistema de alta montaña y las reservas de agua dulce del país.