Escándalo en la AFA: la Justicia define quién investigará la mansión de Pilar.
Este lunes representa un día clave para el futuro judicial de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. La Cámara Federal de Casación Penal llevará a cabo una audiencia determinante para establecer qué juzgado quedará a cargo de la investigación sobre una lujosa propiedad en Pilar, valuada en más de 17 millones de dólares, y para resolver la situación procesal de los máximos dirigentes de la entidad por la retención de aportes patronales.
La misteriosa propiedad de los 17 millones de dólares
El foco de la disputa se centra en una mansión registrada a nombre de la sociedad Real Central S.A., vinculada al monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. La propiedad no es una vivienda convencional: cuenta con helipuerto, haras y un galpón con autos de alta gama. Debido a la falta de justificación sobre el origen de los fondos para semejante inversión, la justicia investiga si los titulares actuaron como presuntos testaferros de la dirigencia del fútbol.
El expediente ha tenido un recorrido sinuoso. Tras pasar por las manos del juez Sebastián Rafecas y de Marcelo Aguinsky, terminó en el juzgado de Campana bajo la tutela de Adrián González Charvay. Sin embargo, el fiscal Carlos Cearras ha solicitado que la causa regrese al fuero Penal Económico, moción que deberá ser resuelta ahora por los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.
Aportes retenidos: el frente judicial de «Chiqui» Tapia
En paralelo, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante tiene en sus manos la decisión de procesar o sobreseer a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La imputación gira en torno a la presunta retención de aportes patronales por una suma que asciende a los 19.300 millones de pesos. En la causa también figuran como imputados los dirigentes Víctor Blanco y Cristian Malaspina.
Aunque las defensas sostienen que la deuda fue cancelada posteriormente, fuentes judiciales advierten que el pago no exime automáticamente de responsabilidad penal si se comprueba que hubo una maniobra deliberada de omisión. “El pago posterior no siempre exime de responsabilidad penal si se prueban omisiones o maniobras”, señalan desde los tribunales, lo que mantiene en vilo a la cúpula de la calle Viamonte.
Presiones políticas y recusaciones en Casación
El caso no está exento de condimento político. La denunciante Elisa Carrió ha solicitado el apartamiento de la jueza Ledesma y pidió que el camarista Carlos “Coco” Mahiques declare como testigo sobre su supuesto conocimiento de la vivienda. Además, Carrió ha vinculado al senador Gerardo Zamora con presuntos negocios futbolísticos en Santiago del Estero a través de Toviggino.
Mientras la AFA respalda públicamente la gestión de Tapia hablando de una «etapa de crecimiento», la justicia evalúa si los roces del dirigente con el juez Amarante —especialmente tras un pedido para salir del país en medio de una situación de seguridad nacional— complicarán su panorama procesal en una causa que amenaza con sacudir los cimientos del fútbol argentino.