La causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner vuelve a tomar un giro clave en la Justicia.
La Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión del fallo que condenó a los acusados, con el objetivo de analizar si corresponde aplicar la figura de femicidio, un aspecto que podría modificar el encuadre legal del caso.
Casación revisará el fallo y abre un nuevo debate
La Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Alejandro W. Slokar y Guillermo J. Yacobucci, hizo lugar a un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 6.
Dicho tribunal había condenado a Fernando André Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Elizabeth Uliarte a 8 años, sin aplicar la agravante de violencia de género en el intento de homicidio.
Con esta decisión, Casación deberá revisar si el fallo original contempló correctamente el contexto en el que ocurrió el atentado.
El planteo fiscal: violencia de género y contexto político
El recurso impulsado por la fiscalía incluyó un análisis específico sobre violencia de género, elaborado por la titular de la UFEM, Mariela Labozzetta.
Según el planteo, el atentado contra la ex vicepresidenta debe ser entendido en un contexto de violencia simbólica y hostigamiento mediático por su condición de mujer en la política, lo que encuadraría el hecho dentro de una lógica estructural de violencia de género.
Las fiscales cuestionaron que el tribunal oral descartara el femicidio por no existir una animosidad directa hacia el género femenino, al considerar que ese criterio desconoce lo establecido en la Ley 26.485.
Las penas y el pedido original de la fiscalía
Durante el juicio, el Ministerio Público había solicitado penas más altas: 15 años para Sabag Montiel y 14 para Uliarte, bajo la figura de homicidio triplemente agravado, que incluía la violencia de género.
Sin embargo, ese agravante no fue considerado en la sentencia final, lo que motivó la apelación.
Un caso que puede sentar precedente
Con la apertura del recurso, y si el fiscal Mario Villar sostiene la apelación ante Casación, el tribunal deberá definir si confirma el fallo o si introduce un cambio clave en la interpretación del caso.
La decisión podría sentar un precedente sobre la aplicación de la perspectiva de género en ataques contra mujeres en la vida política y su impacto en el sistema democrático argentino.
El avance del caso en Casación no solo pone en discusión las condenas dictadas, sino también el enfoque con el que se analizan hechos de violencia política en Argentina. La resolución final podría marcar un antes y un después en la jurisprudencia nacional.