Tensión en el caso Ángel: el Colegio de Abogados evalúa denunciar a Roberto Castillo.
La causa por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años que conmociona a Comodoro Rivadavia, sumó este miércoles 15 de abril de 2026 un inesperado frente de conflicto institucional. El Colegio Público de Abogados de la ciudad petrolera confirmó que analiza presentar una denuncia formal contra el abogado Roberto Castillo, tras constatar que el letrado no posee matrícula habilitante para ejercer profesionalmente dentro de la provincia de Chubut.
Ejercicio ilegal y falta de matrícula provincial
El presidente de la entidad, Pedro Ferreira Taviansky, fue el encargado de oficializar la postura del Colegio tras realizar un relevamiento en las cinco circunscripciones profesionales de la provincia. Según Ferreira, Castillo no figura inscripto en ninguno de los colegios de Chubut, lo que le impediría de forma taxativa realizar presentaciones judiciales, acceder a los expedientes o participar en audiencias en representación de la familia del menor.
«Tenemos que evaluar si corresponde hacer una presentación judicial o informar al tribunal de disciplina del colegio donde esté matriculado», sostuvo Ferreira en diálogo con medios locales. Desde la institución recordaron que las matrículas profesionales tienen alcance provincial y que, hasta el momento, Castillo no ha iniciado ningún trámite para regularizar su situación en la jurisdicción, pese a estar actuando públicamente como el abogado de la querella.
La dura respuesta de Castillo: «Intentan silenciar a la familia»
La reacción del abogado mediático no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, Roberto Castillo lanzó una fuerte acusación contra el Colegio de Abogados de Comodoro, vinculando la posible denuncia con un intento de censura. “Rechazo la inconducta del Colegio que está haciendo múltiples esfuerzos para silenciar a la familia de Ángel, incluso presionándome para que abandone su representación”, disparó desde su cuenta de Instagram.
Este cruce eleva la temperatura de un caso que ya cuenta con una carga social altísima. Para Castillo, las objeciones sobre su matrícula son una maniobra distractiva para apartarlo de una investigación que pone bajo la lupa no solo a la madre y al padrastro del niño, sino también el accionar previo de diversos organismos estatales.
Preocupación por ataques a funcionarios judiciales
En paralelo a la controversia con Castillo, el Colegio de Abogados ratificó su preocupación por el clima de hostilidad que rodea a la causa. Mediante un comunicado, la entidad repudió los escraches y ataques en redes sociales dirigidos contra el juez de Familia Pablo Pérez y la asesora Verónica Roldán, quienes intervinieron en instancias previas al trágico desenlace.
Desde la institución remarcaron que, si bien el pedido de justicia es legítimo, los cuestionamientos al desempeño de los funcionarios deben canalizarse por las vías institucionales y no mediante manifestaciones que afecten el Estado de Derecho. Mientras tanto, la atención se centra ahora en si el Colegio finalmente formalizará la denuncia contra Castillo, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias o incluso actuaciones penales por ejercicio ilegal de la profesión.