La discusión sobre un inédito proyecto productivo en Chubut quedó en pausa tras la intervención del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Justicia de Rawson.
El organismo sanitario ratificó que no existen avales técnicos para habilitar la faena ni el consumo interno de carne de burro, en medio de un fuerte conflicto judicial, ambiental y productivo que ya suma denuncias de organizaciones y tensión en el sector.
SENASA y la Justicia bloquearon el avance del proyecto
Inspectores de SENASA se presentaron en los tribunales de Rawson para fijar postura en el legajo penal en curso. Allí dejaron en claro que no existen autorizaciones institucionales que habiliten la matanza ni la comercialización de burros para consumo humano en el país.
Según el organismo, la normativa vigente impide de manera tajante la instalación de frigoríficos o mataderos destinados a procesar esta especie con fines alimentarios, cerrando cualquier posibilidad de inserción en la cadena de góndolas o distribución interna.
Las autoridades regulatorias remarcaron que la prohibición es de alcance federal y no admite interpretaciones provinciales que habiliten el consumo.
Normativa sanitaria: una prohibición absoluta en Argentina
La legislación vigente sobre sanidad agroalimentaria establece que no se contempla la habilitación de establecimientos para la faena de equinos destinados al consumo doméstico en este contexto. Esto incluye tanto el procesamiento como la distribución dentro del mercado interno.
El alcance de estas normas también impide que subproductos derivados de la especie ingresen a carnicerías o circuitos urbanos de venta, reforzando el bloqueo regulatorio sobre cualquier intento de comercialización local.
Denuncias, ONG y tensión judicial en Chubut
El caso sumó complejidad con la presentación de alrededor de 20 organizaciones no gubernamentales vinculadas a la defensa de los equinos, que impulsaron denuncias contra el emprendimiento investigado.
En paralelo, la fiscal ambiental de Chubut, Florencia Gómez, explicó que la causa avanza con múltiples testimonios y que el eje está puesto en el impacto sobre la especie y el cumplimiento de la normativa nacional.
También se analiza la situación del empresario Julio Cittadini, impulsor del proyecto, quien solicitó el apartamiento de la fiscal al considerar falta de neutralidad, planteo que fue rechazado por la magistrada.
Exportación permitida, pero consumo interno prohibido
Uno de los puntos clave del expediente es la diferenciación entre exportación y consumo interno. Las autoridades aclararon que la venta al exterior de estos animales podría estar permitida bajo esquemas específicos, como ocurre con otras producciones agropecuarias.
Sin embargo, la faena para abastecimiento local sigue completamente prohibida. “Lo que no está permitido es el consumo interno”, se reiteró en el marco de la investigación judicial.
La fiscal Gómez sostuvo además que el objetivo de la causa es evaluar el daño ambiental y sanitario, sin interferir en actividades comerciales legales, pero asegurando el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
Cierre del conflicto y próximas medidas judiciales
Las actuaciones preliminares continuarán con nuevas declaraciones y peritajes para determinar si existieron infracciones penales vinculadas al manejo del establecimiento. Mientras tanto, la causa sigue sumando elementos y mantiene en alerta al sector productivo y ambiental de la región.