Los diputados provinciales Sergio González y Mariela Tamame ingresaron formalmente el Proyecto de Ley N° 044/26. La iniciativa busca que la provincia asuma la competencia sobre los delitos de drogas a menor escala y propone un abordaje integral que combina seguridad con salud pública.
En un contexto de creciente preocupación por la seguridad en los barrios, el bloque Chubut Unido dio un paso decisivo en la Legislatura Provincial. Los diputados Sergio González y Mariela Tamame presentaron este 10 de abril un proyecto de ley que busca dotar al Estado de «herramientas concretas para actuar con rapidez y eficacia» contra el narcomenudeo.
Desfederalización y competencia local
El núcleo del proyecto propone la adhesión de la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 23.737 (y su modificatoria 26.052), lo que permitiría que la justicia provincial y la policía local intervengan directamente en casos de comercialización de estupefacientes a menor escala, conocidos popularmente como «kioscos de droga».
»El narcomenudeo es el delito más cercano al vecino, el que genera miedo y violencia en los barrios», expresaron los legisladores en los fundamentos del proyecto.
Puntos clave del Proyecto N° 044/26
La propuesta no se limita solo a la persecución penal, sino que establece una estructura multidisciplinaria:
Estructura Judicial: Creación del Fuero de «Lucha contra el Narcotráfico» con juzgados y fiscalías especializadas.
Ciencia Forense: Fortalecimiento del Laboratorio Forense Regional en Comodoro Rivadavia, incorporando tecnología de cromatografía exclusiva para agilizar los peritajes.
Salud Pública: Declaración de las adicciones como una problemática de salud pública. Se contempla la creación de una Red Provincial de Atención de Consumos Problemáticos y centros de tratamiento en el sistema penitenciario.
Control Preventivo: Implementación de un «blindaje territorial» con controles en rutas y terminales para frenar el transporte de sustancias.
Financiamiento y Destino de Bienes
Uno de los apartados más innovadores del proyecto (Artículo 11°) establece que el dinero proveniente de multas y el producido de bienes decomisados al narcotráfico sea redistribuido de la siguiente manera:
- 40% para Seguridad.
- 30% para el Ministerio Público Fiscal.
- 30% para Salud, destinado específicamente a programas de rehabilitación.
«Una respuesta que hoy llega tarde»
En los fundamentos, González y Tamame fueron críticos con la situación actual, señalando que la respuesta estatal hoy se diluye en «laberintos jurisdiccionales» que dejan desprotegido al vecino. Con este proyecto, buscan que la provincia «tome las riendas de su propia seguridad» y garantice que los estupefacientes secuestrados sean peritados y destruidos en un plazo máximo de 15 días.
La iniciativa ahora deberá ser analizada por las comisiones correspondientes de la Honorable Legislatura, donde se espera un intenso debate sobre la asignación de recursos y la capacidad operativa de la provincia para asumir esta nueva competencia.
