Una sesión frenética y de altísimo voltaje político se prepara en la Cámara Alta para debatir a todo o nada una de las reformas más estructurales y polémicas del año.
La iniciativa privada, que promete abrir de par en par las puertas a los capitales globales, se encamina a su definición en el recinto tras meses de feroces postergaciones, caídas de quorum y un fuerte rediseño en sus artículos más sensibles.
Venta libre de campos a extranjeros, doble aval en fronteras y silencio administrativo
El bloque oficialista de La Libertad Avanza, bajo la conducción de Patricia Bullrich en la Cámara Alta, convocó de manera formal a una sesión clave para este jueves al mediodía con el objetivo prioritario de sancionar el megaproyecto de ley denominado «inviolabilidad de la propiedad privada».
Esta normativa, ideada originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se convertirá en el eje central del debate legislativo, donde el oficialismo buscará además la aprobación definitiva de una treintena de pliegos judiciales pendientes. El tratamiento de la ley llega al recinto tras una cadena de tropiezos políticos: su discusión inicial del 3 de junio fue postergada por disidencias internas respecto a los topes territoriales, y un posterior intento de debate el 25 de junio fracasó rotundamente al caerse la sesión por falta de quorum.
El núcleo de la reforma elimina por completo los límites y restricciones vigentes para que ciudadanos o corporaciones extranjeras adquieran tierras rurales dentro del territorio nacional.
No obstante, el texto final incorporó regulaciones estrictas: las provincias conservarán la jurisdicción plena sobre sus límites y tendrán la potestad de autorizar cada venta. Asimismo, se prohibirá taxativamente la compra de campos por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal foránea, a menos que consigan un doble aval explícito de la provincia en cuestión y del Poder Ejecutivo Nacional.
Este mismo doble control gubernamental regirá para las sensibles zonas de frontera; sin embargo, si ninguna de las dos administraciones presenta un reparo formal, se aplicará la figura del silencio administrativo, reconociendo el derecho de propiedad de pleno derecho a los 180 días.
Desalojo exprés en 72 horas, juicios a inquilinos y cambios en la Ley del Fuego
El despacho definitivo sufrió mutaciones sustanciales en casi todos sus capítulos respecto al boceto original de la Casa Rosada, destacándose la derogación total del apartado referido a los barrios populares, cuya redacción inicial amenazaba con desatar una ola masiva de expulsiones y había recibido durísimas críticas de la Iglesia Católica.
En materia de usurpaciones o tenencias precarias, la ley instaura un mecanismo de desalojo exprés: el propietario podrá exigir la devolución inmediata si presenta prueba documental de su titularidad y el juez podrá ordenar la entrega en un plazo máximo de 72 horas previa caución juratoria. En caso de desalojos con menores o adultos desamparados, intervendrán obligatoriamente los organismos de protección y el Ministerio Público Tutelar, disponiendo de hasta 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria sin frenar el litigio.
Para los inquilinos con deudas en sus contratos, el dueño deberá enviar una carta documento o mail otorgando un plazo de 10 días corridos para regularizar el pago; persistiendo el incumplimiento, se iniciará una acción de desalojo ejecutable en 10 días hábiles. El propietario no podrá negarse a recibir las llaves del inmueble, quedando habilitado a dejar constancia escrita de las deudas remanentes.
Respecto a las expropiaciones estatales, la declaración de utilidad pública se aplicará de forma restrictiva y se fijó un tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ajustable por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa a 30 días del Banco Nación.
Por último, en el capítulo de manejo del fuego, se deroga la veda de 30 años que prohibía cambiar el uso de suelo en predios rurales, pastizales y áreas periurbanas incendiadas, aunque se mantendrá estrictamente la prohibición de 60 años fijada por ley para los bosques nativos y humedales dañados por incendios forestales. El escenario de votación anticipa una jornada de extrema tensión para evaluar cómo impactaría la nueva norma de la propiedad en el sector productivo.