Caso Ángel: Pericias telefónicas sugieren un cambio de roles fatal.
La investigación por el crimen de Ángel López ha tomado un rumbo inesperado que podría modificar drásticamente la situación procesal de los detenidos. El fiscal de la causa, Cristian Olazábal, confirmó que las nuevas evidencias recolectadas, sumadas al análisis inminente de los teléfonos celulares, abren la posibilidad de que la madre del menor haya tenido una participación directa en los golpes que terminaron con la vida del niño.
Evidencia digital y la hipótesis del cambio de autoría
Hasta hace pocos días, la acusación principal recaía sobre el padrastro como autor material, mientras que la madre era investigada por no haber impedido la agresión. Sin embargo, el fiscal Olazábal señaló que «no sería sorpresivo que haya un cambio de roles». La extracción de datos informáticos de los dispositivos de los acusados, que comenzó este miércoles, será clave para determinar quién ejecutó la violencia física.
«El fin de semana vamos a analizar qué surge de esas comunicaciones; creo que puede haber variaciones en el caso», adelantó el funcionario. La fiscalía trabaja sobre un esquema de indicios e inferencias lógicas ante la falta de testigos directos del ataque en el hogar.
Antecedentes de violencia y resultados de la autopsia
Otro factor que pesa en la nueva línea investigativa son los testimonios que vinculan a la madre, Mariela Altamirano, con conductas violentas previas hacia otro de sus hijos. Si bien no se habían registrado denuncias formales respecto a Ángel antes del desenlace fatal, estos antecedentes configuran un perfil que la justicia no puede ignorar.
La autopsia realizada al menor reveló una realidad estremecedora: Ángel presentaba más de 20 lesiones compatibles con una golpiza sistemática. Para los investigadores, es imperativo realizar un análisis integral de la historia completa del niño y no solo del episodio final que le arrebató la vida.
Auditoría al sistema judicial y responsabilidades oficiales
En paralelo a la búsqueda de los autores materiales, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut ha intervenido el equipo técnico interdisciplinario que avaló la tenencia del niño a favor de su madre biológica. La camarista María Marta Nieto encabeza una auditoría de 60 días para revisar el accionar de los juzgados de Familia y de los profesionales intervinientes.
El fiscal Olazábal busca determinar si en el proceso de entrega del menor existió abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público o falsedad ideológica. La causa se encuentra en una instancia definitiva donde la verdad digital podría finalmente esclarecer qué sucedió puertas adentro de la vivienda antes del trágico final.
