La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó un duro comunicado contra la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, al considerar que implica un avance directo sobre la libertad sindical y los derechos de los trabajadores.
La central obrera advirtió que las medidas “exceden las facultades del Ejecutivo” y podrían alterar el equilibrio del sistema de relaciones laborales en la Argentina.
Fuerte rechazo sindical a la reglamentación oficial
La CGT expresó su “más enérgico rechazo” a los decretos reglamentarios de la reforma laboral y alertó que el Gobierno “busca atentar directamente contra la libertad sindical”.
Según el comunicado difundido desde Azopardo 826, la central obrera cuestionó que el Ejecutivo avance sobre normas que —según afirman— se encuentran bajo discusión judicial y con objeciones sobre su constitucionalidad.
Además, sostuvo que el Gobierno “se arroga facultades que corresponden al Congreso de la Nación”, vulnerando el principio de división de poderes.
La organización gremial también denunció una “sobre reglamentación” de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, que modificaría aspectos esenciales del funcionamiento sindical.
Denuncia por avance sobre la libertad sindical
La central sindical remarcó que no es potestad del Poder Ejecutivo reemplazar el debate parlamentario ni reformar indirectamente normas que garantizan derechos laborales fundamentales.
En ese sentido, advirtió que estas decisiones constituyen una “intromisión inaceptable” en la vida interna de los gremios y afectan principios reconocidos por la Constitución Nacional y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La CGT subrayó que la autonomía sindical, la organización libre y la representación de los trabajadores no pueden quedar sujetas a la discrecionalidad de los gobiernos.
En su mensaje final, la central obrera ratificó que continuará defendiendo la negociación colectiva, la libertad sindical y las condiciones laborales dignas, anticipando que llevará adelante acciones en todas las instancias necesarias frente a lo que considera un “atropello institucional”.