Argentina busca cerrar el default de 2001: el acuerdo Milei-Preska llega al Congreso.
En un paso decisivo para normalizar las relaciones financieras internacionales, el Gobierno nacional enviará la próxima semana al Congreso de la Nación un proyecto de ley para ratificar el pago de sentencias judiciales vinculadas al default de 2001. Se trata del primer acuerdo de este tipo bajo la administración de Javier Milei, destinado a saldar deudas que llevan más de dos décadas en litigio.
Los protagonistas del acuerdo: Attestor y Bainbridge
El entendimiento, monitoreado de cerca por el especialista Sebastián Maril, involucra a dos grupos de bonistas que no ingresaron a los canjes anteriores (holdouts):
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Attestor Master: Posee el reclamo de mayor volumen, estimado en unos 500 millones de dólares.
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Bainbridge Fund: Cuenta con una sentencia favorable por 95 millones de dólares más intereses.
El equipo jurídico argentino ya notificó a la jueza neoyorquina Loretta Preska que el acuerdo se selló formalmente el pasado 1 de abril. Este paso es fundamental para frenar los intentos de embargo que pesaban sobre activos estratégicos del Estado, como las acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, pedidos que el fondo Bainbridge había activado a finales de 2023.
Dennis Hranitzky: El regreso de un viejo conocido
La contraparte legal en este acuerdo es el abogado Dennis Hranitzky, representante de los demandantes y conocido en Argentina por su extrema tenacidad. Hranitzky fue el cerebro legal detrás de la retención de la Fragata Libertad en Ghana durante 2012, cuando representaba al fondo NML de Elliott Capital Management.
A pesar de su historial confrontativo, Hranitzky ratificó el consenso alcanzado: «Nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo para resolver las reclamaciones de deuda pendientes… mantenemos el compromiso de lograr una resolución justa y definitiva».
Un cierre definitivo tras 25 años
La estrategia de la administración Milei busca clausurar los últimos focos de conflicto legal derivados del colapso de la convertibilidad. Al obtener el respaldo legislativo, el Ejecutivo pretende demostrar ante los tribunales de Nueva York y los mercados globales que Argentina tiene la voluntad política de cumplir con sus sentencias «definitivas e inapelables».
Si bien el monto final del acuerdo —con las posibles quitas negociadas— aún no ha sido revelado, la medida se alinea con el reciente éxito en el litigio de YPF contra Repsol, consolidando una política de Estado orientada a reducir el riesgo país y eliminar las amenazas de embargo sobre el patrimonio nacional.